El final: la cremación del cuerpo de una víctima de COVID-19 (Foto: Hugo Curotto/GEC).
El final: la cremación del cuerpo de una víctima de COVID-19 (Foto: Hugo Curotto/GEC).

La cremación e inhumación de fallecidos con sospecha o diagnóstico de en el Callao no se realizan dentro del plazo establecido en la normativa vigente, lo que no contribuye a prevenir y controlar los diferentes factores de riesgo de contaminación y diseminación por el coronavirus de los cadáveres, lo que pone en riesgo la salud de la población.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República advirtió en su .

Señala que la norma vigente establece que los fallecidos por COVID-19 no deben permanecer más de 24 horas en el mortuorio de los establecimientos de salud, viviendas o lugares distintos, y deben ser inhumados o cremados dentro del plazo de 24 horas desde que se certifica su fallecimiento.

Sin embargo, de la información proporcionada por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Callao, se pudo comprobar que dichos procesos fueron realizados más allá del plazo establecido.

“De la revisión efectuada a las fichas de registros y salida de cadáveres de la Diresa Callao, correspondientes al mes de junio, se pudo evidenciar que en 43 casos la demora en la cremación demoró entre dos y 17 días. De ese total, 33 cadáveres procedían de viviendas, cuatro provenían de hospitales (Carrión, Negreiros y Sabogal) y el resto provenía de la vía pública, urbanizaciones y asentamientos humanos”, señaló la Contraloría.

Agregó que este hecho no contribuye a prevenir y controlar los diferentes factores de riesgo de contaminación y diseminación generados por el COVID-19 de los cadáveres, lo que pone en riesgo la salud de la población en general, considerando que las incineraciones e inhumaciones se estarían realizando fuera de los plazos establecidos.

Riesgo en pago de servicios no realizados

Asimismo, el informe señala que la Diresa Callao realizó gastos por servicios funerarios, como son la preparación y recojo de cadáveres, para personas fallecidas por COVID-19 en la región Callao, pero esas labores fueron realizadas por los 4 Equipos Humanitarios de Recojo de Cadáveres (ERHC) que laboran en dicha jurisdicción, lo que genera el riesgo de hacer pagos a los proveedores privados por prestaciones no realizadas.

La Diresa Callao contrató a dos proveedores privados para brindar servicios funerarios a las personas fallecidas por COVID-19 y en la revisión de documentos, realizada por el OCI de la entidad, se detectó que la labor de desinfección de cadáveres, recojo y uso de bolsas termo selladas fue realizado por los ERHC y pese a ello, la entidad otorgó la conformidad y realizó el pago de los servicios.

“Estos hechos evidenciarían que no se estaría cumpliendo con la verificación de los servicios prestados, devengando y pagando por prestaciones aún no realizadas, lo que podría generar deficiencias en el desarrollo de las actividades y un perjuicio económico a la entidad”, detalló el organismo de control.

Agregó que los resultados del informe fueron puestos en conocimiento de la titular de la Diresa Callao con la finalidad de que se implementen las acciones correctivas que correspondan y debe comunicar al OCI, el respectivo plan de acción que se implementará para levantar las observaciones realizadas.

Diresa responde

Frente a lo detectado por la Contraloría, la Diresa Callao indicó que como parte del plan de acción para hacer frente a la pandemia del COVID-19 se cuenta con equipos humanitarios de Recojo de Cadáveres ERHC (de pacientes con sospecha a confirmación de padecer COVID - 19), que cumplen con todos los protocolos establecidos en las normas sanitarias vigentes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, respectivamente.

En tal sentido, indicó que las demoras que se pueden generar en el proceso de cremación e inhumación de fallecidos con sospecha o diagnóstico de COVID-19 en el Callao, se debe al incremento sustancial den número de fallecidos.

“Sin embargo, la prevención y control de los diferentes factores de riesgo de contaminación y diseminación por el COVID-19 de los cadáveres en protección de la salud de la población del Callao está garantizada”, sostuvo la Diresa en un comunicado.

Detalla que tal como lo establecen las normas sanitarias, los cadáveres son recogidos de viviendas y mortuarios de hospitales de administración regional (Daniel Alcides Carrión, San José y Ventanilla), antes de las 24 horas y luego de que la Fiscalía -en el caso de viviendas y vía pública- culmine con el proceso correspondiente.

“Todos los fallecidos con sospecha o diagnóstico de COVID-19 son colocados temporalmente, con todos los protocolos de bioseguridad establecidos, en los contenedores refrigerados que se encuentran en la Villa Deportiva Regional del Callao por la demora en los servicios funerarios (cremación e inhumación) y evitar que los cadáveres estén expuestos en las casas, calles, hospitales o centro de salud, tal como se refiere en el mismo informe de la Conatraloría”, indicó.