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Los infractores que sean detenidos en flagrancia, apropiándose de un bien mueble, serán sancionados con multa por la Policía Nacional del Perú, al margen al margen del proceso penal que corresponda, sostuvo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República dentro de sus planes para luchar contra la inseguridad ciudadana.
La Comisión presidida por la congresista Leslye Lazo Villón (Acción Popular), aprobó, por mayoría, la iniciativa que plantea una multa administrativa desde 5% hasta el 20 % de una unidad impositiva tributaria (UIT) que actualmente tiene un valor de S/ 4,400.
De acuerdo con el dictamen sustentado por Lazo Villón, la finalidad de la propuesta es combatir la inseguridad ciudadana, estableciendo medidas que desalienten la comisión de faltas y delitos contra el patrimonio, además de brindar el marco legal para el ejercicio de la potestad fiscalizadora y regular el régimen sancionador de la PNP en esa materia.
“Frente a la poca eficiencia de la actual normatividad, planteamos un nuevo mecanismo administrativo que se traduce en la imposición de multa como sanción a la comisión de actos contra el patrimonio en casos de flagrancia”, dijo Lazó Villón.
Asimismo, expresó la discrepancia de ese grupo de trabajo con la opinión de los especialistas que invitaron, tanto del Ministerio de Justicia como del Ministerio del Interior, en el sentido que la norma ya existe y que es aplicada por parte del Estado.
Explicó que en el caso de que los sancionados no pagaran la multa respectiva no podrá realizar trámites civiles ni bancarios ni ante la Oficina Nacional de Migraciones. “En el Congreso trabajamos y debemos aportar en la lucha contra la delincuencia que hace daño a los ciudadanos. Desde nuestro punto de vista sí tiene efecto disuasorio”, indicó.
El cuarto artículo de la propuesta fue votado aparte, porque el congresista César Vásquez Tuanama (Descentralización Democrática) pidió duplicar la sanción.
Por su parte, la legisladora Martha Chávez se manifestó a favor de la iniciativa, pero consideró que debía especificarse el destino de las sanciones pecuniarias.
En tanto, Cecilia García Rodríguez (Podemos Perú), autora de dos propuestas que son recogidas por el dictamen, dijo que con la aplicación de la medida los delincuentes tendrán que pagar una multa y con ello se logrará generar un antecedente de su conducta criminal-social.