(Foto: GEC)
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Los concesionarios de los corredores viales evalúan iniciar un proceso arbitral contra el Estado peruano por US$ 300 millones, si el Ejecutivo “cede” a la exigencia de los ‘colectiveros’ de formalizar este servicio de transporte.

“Vemos que la Presidencia del Consejo de Ministros -al avalar una mesa de diálogo (con los colectiveros)- estaría dejando en la incógnita cual será la posición final del Ejecutivo, pero ante la creación de una autoridad como ATU, también vemos una aparente intromisión para resolver los problemas desde un punto de visto político y no técnico”, precisó el gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, Ángel Mendoza.

En ese sentido, “rechazó” la formalización de los colectiveros. “En vista de que se está poniendo en riesgo los contratos de concesión y la estabilidad jurídica (tras la reunión de los colectiveros en la PCM), lamentablemente si no se corrige, iremos a un proceso arbitral por un monto de US$ 300 millones, aproximadamente, y sin contar el transporte convencional, en la que también se han invertido en flotas nuevas, que se verían afectados por la legalización del transporte informal ”, remarcó.

Sobre la renovación automática de las autorizaciones en el transporte urbano, consideró que esta es responsabilidad del MTC. “Nosotros estamos trabajando en una mesa con la ATU para identificar los principales problemas en el transporte urbano”, agregó.