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La Fiscalía está solicitando prisión preventiva y el inicio de la investigación preparatoria contra el exasesor presidencial Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo; y otros exfuncionarios de Provías Descentralizado por el caso del Puente Tarata, según detalló el periodista de la unidad de investigación de Latina, Harold Moreno.
De acuerdo con la carpeta fiscal, se presume que Pedro Castillo sería el cabecilla de una organización criminal con el propósito de “encontrar proveedores para favorecerlos”.
Así, detallan que, según la investigación, Castillo habría decidido la modalidad de cómo intervendrían los integrantes de esta supuesta organización criminal para ser favorecidos por funcionarios de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Según investigación fiscal, habría existido reuniones para favorecer a un consorcio en el proceso del Puente Tarata. Dichas reuniones contarían con la participación de Karelim López, el exasesor Bruno Pacheco y del sobrino Gianmarco Castillo.
Una evidencia adicional es que, la fiscalía habría hallado en la vivienda de Gian Marco Castillo una agenda en la cual se apreciaba la siguiente anotación: “reunión con el director de Provías Descentralizado Lima”.
De igual forma, en la vivienda de Alcides Villafuerte, exfuncionario de Provías Descentralizado y Gerente de obras, el Ministerio Pública halló otra agenda con las palabras “existe presión del presidente / ministro”.
Un colaborador eficaz más
Según la información difundida por Latina, en este proceso se ha sumado un nuevo colaborador eficaz, quien afirmó que existió “presión”, sobre la misma declaración que hizo Villafuerte en su agenda, lo cual, de cumplirse, se habría entregado “montos de dinero y beneficios a los miembros del comité”.
Además, el aspirante a colaborador eficaz indica que Luis Pasapera, asesor del grupo Arcose, quien presuntamente había recibido obras por parte de Zamir Villaverde, solicitó al funcionario Alcides Villafuerte “que no le perjudique con la licitación del Puente Tarata”, pues “ya estaba arreglado con los 3 miembros del comité de licitación con una suma de dinero”.
En este proceso se mencionó, “que hable con Edgard Vargas, uno de los miembros de dicho comité, para que cuide su propuesta técnica y económica”, y de recibir esa ayuda, “recibirá el 0.5% del monto total de la adjudicación en beneficio de Vargas y Villafuerte”.
Ante esta situación, según la Fiscalía, Luis Pasapera aceptó haber recibido una llamada de una persona que se identificó como Zamir Villaverde para tener una reunión con los representantes legales de Termirex porque “tenía una relación de proyectos de saneamiento en el Ministerio de Vivienda”.
Actualmente, son 13 personas que están siendo investigadas por el “Caso Puente Tarata”; no obstante, solo siete de ellas se les solicita prisión preventiva, mientras que las personas restantes, incluida Karelim López, comparecencia con restricciones.