Foto referencial: Andina

Un colaborador eficaz ha denunciado que, los supuestos asesores legales de la Comunidad de Fuerabamba, , amenazaban a los comuneros que se oponían a las protestas contra la empresa minera .

"Franklin Chávez me señaló con el dedo, dijo que era un traidor y debía ser quemado (...) Recibí amenaza de muerte de la junta directiva y de los asesores Frank y Aníbal Chávez Sotelo", es el testimonio que reveló América Noticias.

Cabe señalar que este y otros testimonios forman parte de la investigación policial que indica a dichos hermanos como líderes de la organización criminal Los Chavelos. Muchos de ellos, han solicitado protección a las autoridades.

Según contó el colaborador eficaz, las amenazas eran para todos aquellos que se oponían a las exigencias millonarias a la empresa Las Bambas.

"Los asesores mediante llamadas telefónicas ordenan a los dirigentes para que sigan bloqueando las vías, también instigan a que haya enfrentamientos con la policía, que los provoquen y que haya muertos", contó.

Las amenazas eran lanzadas durante las asambleas, quienes no cumplían podían ser sancionados.

"Son aproximadamente 50 comuneros que han sido sancionados por 15 años para que no reciban ningún beneficio y no tienen derecho de voz ni voto", asegura en su declaración.

¿Cuál era el interés?
Las protestas de los comuneros de Fuerabamba se endureció con la llegada de los hermanos Chávez Sotelo, en enero del 2018.

Frank y Aníbal Chávez Sotelo fueron convocados ​por el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas. Las declaraciones de otro testigo protegido indican que el objetivo era azuzar a los comuneros.

"La comunidad era tranquila y todos teníamos la misma idea hasta que Gregorio Rojas entró como presidente y tomaron como asesores de la comunidad a Frank y Aníbal Chávez Sotelo y Carlos Vargas Arizábal, donde ellos promovieron la desunión entre nosotros".

El propósito de la asesoría sería incrementar los ingresos económicos de la comunidad. Para ello, convocaron a los comuneros al bloqueo de carreteras.

"Habían traído un papel en banco donde nos hizo firmar a cada comunero de cada caserío, que era la asistencia de los pobladores, pero estas firmas las han utilizado para que interpongan demandas a la empresa", mencionó otro testigo protegido, según informe de América Noticias.

"La comunidad acordó pagar la suma de 5,000 soles mensuales, pero resulta que los asesores no quieren ese pago, sino que quieren lograr el monto solicitado a la empresa y de ese dinero quieren recibir el 30%", agregó.   

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