¿Por qué el 2019 fue declarado como el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad?

En la víspera, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, firmó el decreto supremo que declara al 2019 como el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”, con lo cual esa frase se consignará en los documentos oficiales.

¿Por qué el gobierno tomó esta decisión?, pues la respuesta aparece en el decreto supremo que se publica hoy.

El primer argumento usado por el Ejecutivo es el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, en el que se establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.

En segundo lugar, está que la Convención Interamericana contra la Corrupción, tratado suscrito por el Estado peruano, señala que: “la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

El tercer argumento usado es que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que sostiene que el sistema jurídico del Perú consagra como un bien jurídico relevante la proscripción de la corrupción, la cual es consistente además con los principios de orden democrático y de soberanía política.

En cuarto lugar está que la Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos de las entidades de la administración pública, estableciendo el deber de la probidad, el cual implica actuar con rectitud, honradez y honestidad en aras de satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal.

Un quinto argumento se basa en que el Acuerdo Nacional establece, en su Política 26, la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas, la cual tiene por objeto, entre otros, desterrar la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos.

“La lucha contra la corrupción constituye una política de Estado de la mayor importancia, pues propende a la garantía de la ética pública y al respeto indiscriminado del Estado de Derecho, además de ser una precondición del desarrollo social, económico y político del Perú”, dice el sexto argumento del gobierno.

Para el Poder Ejecutivo, resulta fundamental contar con servidores íntegros, capacitados y comprometidos con la función pública.

“Para ello, el Estado debe no solo erradicar cualquier práctica irregular o poco transparente a su interior, sino visibilizar la necesidad de luchar con las herramientas que el marco jurídico le otorga contra quienes amenacen o atenten contra dicha pauta de comportamiento”, señala.

Por estas consideraciones expuestas, es que se declaró al año 2019 como el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.