Diez datos de la investigación Lava Jato

La Procuraduría General de la República presentó el día de ayer el Informe de Gestión y Resultados 2017-2020 de la Procuraduría Pública ad hoc respecto a la investigación Lava Jato. En base a este informe se resalta lo siguiente.

Funcionarios públicos investigados

Según el reporte presentado son 778 personas naturales las investigadas en el caso Lava Jato al cierre del 2020, de las cuales 55% eran funcionarios o servidores públicos.

Este porcentaje corresponde a 438 funcionarios investigados. Asimismo, 208 personas (27% del total) son ejecutivos y trabajadores de empresas, y las otras 132 personas (17%) corresponden a particulares como por ejemplo testaferros o familiares de los involucrados.

Altos funcionarios

Respecto a los altos funcionarios en el momento de la comisión del delito, son 44 los investigados.

De manera desagregada, se puede observar el siguiente gráfico.

Proyectos investigados y entidades concedentes

Son 83 los proyectos de inversión los que están investigados por el caso Lava Jato, de los cuales 69 fueron contratados bajo la modalidad de obra pública.

De las entidades concedentes o que han licitado proyectos, destaca la presencia de Provias Nacional - MTC (aquel que concentra alrededor del 60% del presupuesto del MTC) y el Gobierno Regional de San Martín, los cuales han concedido 42 y 10 proyectos, respectivamente.

Asimismo, hay otros 9 gobiernos regionales que han concedido proyectos que ahora se encuentran en investigación.

“Tenemos que tener las alertas en adelante para focalizar los controles respecto a las entidades concedentes”, señaló la procuradora pública, Silvana Carrión Ordinola.

Regiones ocupadas

Prácticamente son todas las regiones las que se han visto involucradas con algún proyecto investigado en el caso Lava Jato.

Esto pues hay proyectos que se han visto licitados o concedidos desde Provias, pero que han sido ejecutados en distintas zonas del país. Esta dinámica hace que la cobertura sea casi en todos el país.

Son las regiones de Pasco y Tumbes, las únicas que no han tenido asignado algún proyecto dentro de las investigaciones.

“Proyectos como la Interoceánica ocupaban más de un departamento”, indicó Carrión.

Terceros civilmente responsables

A julio del 2021, se han identificado 53 empresas como terceros civilmente responsables en 17 casos. Esto dista de la cifra de 39 empresas que se tenía al cierre del 2020.

Entre las empresas se encuentran Odebrecht, Camargo y Correa, OAS, Queiroz Galvao, Graña y Montero, ICCGSA, JJC Contratistas, OBRAINSA, entre otras.

Si se desagrega por tipo, son 22 las empresas y consorcios constructores, 13 las empresas intermediarias para lavado de activos, 11 empresas y consorcios supervisores, 4 empresas concesionarias y 3 empresas constructoras extranjeras.

“Los terceros civilmente responsables como figura jurídica han tomado relevancia a partir del caso Lava Jato. (...) Hemos hechos otro tipo de propuesta de vinculación de hecho que finalmente ha sido acogido por el Poder Judicial. (...) Esto queda como precedente hacia adelante”, afirmó.

¿Cuánto se ha pagado por reparación civil?

Como cuenta de lo que se ha venido imponiendo y lo que se ha estado cobrando, se indicó que se tiene 4 sentencias de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, en donde se fijo una reparación civil S/760 millones. A la fecha, de este monto se ha pagado alrededor de S/102 millones.

Asimismo, la empresa también ha reconocido otros S/65 millones a través de 2 acuerdos con la Procuraduría Anticorrupción por el proyecto Chacas.

En síntesis, Odebrecht ha pagado un total de S/167 millones a la fecha.

Nuevos acuerdos de colaboración eficaz

Este año la Procuraduría Ah Hoc, en conjunto con el Ministerio Público, ha firmado Acuerdos Preparatorios de Colaboración Eficaz con 2 empresas que pertenecieron al llamado “Club de la Construcción”.

Una de estas es AENZA (antes Graña y Montero), con la cual se acordó un pago por reparación civil (por 15 proyectos) de S/321 millones y US$41 millones.

La otra empresa, la cual quiso mantener reservada su identidad, firmó un acuerdo por una reparación de S/83 millones.

Con estos acuerdos el Estado cobrará más de S/560 millones. Asimismo, si se suman todos lo acuerdos, la recaudación esperada es de más de S/1,330 millones.

Cabe resaltar que estos acuerdos tienen como garantía contratos de fideicomiso.

“La colaboración eficaz ha permitido como instrumento ser eficaz para el cobro de reparación civil haciéndola viable y probable”, señaló Carrión.

¿Cuánto se espera recaudar por reparación civil?

Según señaló Carrión, son 44 las solicitudes en constitución en actor civil enviadas, de las cuales se han declarado fundadas 39 y las otras 5 en trámite.

De las 39 solicitudes fundadas (donde ya se tiene la facultad de actor civil), se ha solicitado un monto preliminar de reparación civil equivalente a S/11,530 millones y US$ 4,034 millones a la fecha. Esto calculado en base al Código Civil.

Procesos de extradición

Se indicó que la Procuraduría está a cargo del proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo, Gustavo Salazar Delgado, y Mariella Huerta Minaya, los cuales residen en Estados Unidos.

Esto por su vínculo con los casos Interoceánica; vía Evitamiento de Cusco; y el caso del Metro de Lima, respectivamente.

“En el caso de Alejandro Toledo, el calendario procesal de extradición está activo. En septiembre se llevará a cabo la audiencia para discutir el tema de la causa probable”, afirmó Carrión.

Sobre el Club de la Construcción

Según el reporte la Procuraduría ha interpuesto embargos por S/197 millones a las empresas e investigados en este caso.

Asimismo, de las 22 empresas implicada, 14 se han logrado incorporar como empresas civilmente responsables.

En suma, hay 8 empresas en el proceso de ser incluidas o en trámite de incorporación dentro del cártel.