Por Yolanda Torriani
Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima
A la incertidumbre e inestabilidad política y jurídica en la que desde hace tres años se encuentra enfrascado nuestro país, se sumó en días pasados una propuesta del ministro de Justicia y asesor jurídico del Gobierno, Vicente Zeballos, para que se cambie el régimen económico de la Constitución Política, y el Estado retorne a la actividad empresarial en sectores a los que se considera “estratégicos”.
Dicha propuesta nos generó profunda preocupación, pero oportunamente fue descartada por el presidente Martín Vizcarra, quien aseveró que la política económica actual -de libre mercado- se mantiene.
A partir de la referida situación planteada por el ministro Zeballos, cabe recordar la nefasta experiencia vivida en las décadas comprendidas entre los años 1970 y 1992, cuando el Estado demostró no ser capaz de realizar una actividad empresarial eficiente, libre de clientelismo y corrupción.
Según cifras de nuestro Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial del Perú (IEDEP), en los años 70 (durante la dictadura militar) las empresas estatales aumentaron a un ritmo de 15 por año, al punto que en 1977 sumaban 174. El Estado estaba presente en empresas vinculadas a la banca, minería, pesca y comercio de alimentos, e incluso era dueño de cines. A ellas se sumaba el monopolio estatal en las empresas de electricidad, telecomunicaciones e hidrocarburos. Hasta hoy, lamentablemente, continúa el monopolio en el servicio de agua potable y alcantarillado y tenemos un gigante costoso para el Estado llamado Petroperú.
¿Cuál fue el resultado de aquella febril actividad estatal? Durante ese periodo el déficit fiscal alcanzó picos de 10.5% del PBI en 1976 y de 11.5% del PBI en 1988. Y las empresas públicas no financieras acumularon 19 años consecutivos de déficit. A fines de 1990, las empresas estatales sumaban 223 que explicaban el 15% del PBI, el 28% de las exportaciones, el 26% de las importaciones y empleaban directamente a alrededor de 114,000 empleados públicos.
Pero además, a lo largo de ese periodo nuestra economía registró las menores tasas de crecimiento, que en promedio fue de 3.4 y 0.1% anual en los años setenta y ochenta, respectivamente, siendo el tamaño de las empresas públicas no financieras de 18% del PBI. En la década de los 80, la presencia de las empresas públicas se incrementó a casi 27% del PBI, con un ritmo de crecimiento promedio anual de la economía de 0.3%.
Solo un severo programa de estabilización y ajuste estructural -que sin duda implicó también muchos sacrificios- permitió a inicios de los años 90 privatizar gran parte de estas empresas e iniciar así una saludable actividad empresarial con inversión privada, que no solo rescató a dichas empresas, sino que permitió paulatinamente a nuestra economía entrar a una senda de crecimiento sostenido pero, sobre todo, mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados a la ciudadanía.
Cabe solo anotar como dato interesante, que en los primeros años de este proceso el Perú generó compromisos de inversión de 11,400 millones de dólares. Con los años esta cifra creció.
Hoy, a poco de llegar al Bicentenario de la independencia del Perú, hay quienes parece importarle poco esta experiencia, tan negativa, sin más sustento de que el Estado debe intervenir en “actividades estratégicas”, de cuya definición y alcances solo parecen tener idea algunos pocos.
Lo realmente estratégico para nuestro país es seguir impulsando la inversión privada en un marco de respeto a la Constitución, que establece claramente un modelo económico basado en la inversión privada libre y un Estado que, únicamente de forma subsidiaria, puede realizar actividad empresarial en casos de interés nacional. ¿Es de interés nacional contar con una aerolínea “de bandera”?
Desde el lado empresarial defenderemos siempre el modelo económico no porque nos rinde réditos, sino porque a lo largo de casi 30 años ha generado bienestar en una gran parte de la población, ha impulsado el crecimiento de la clase media –en el 2004 apenas alcanzaba al 17% de la población y en el 2018 abarcaba al 44.7%- y, sobre todo, porque ha permitido reducir la pobreza. A inicios de la década de los 90, el 57.4% de los peruanos se encontraba en situación de pobreza; en el 2018 el 20.5% se encontraba en esta situación.
Que el modelo económico actual es perfectible, nadie lo duda, pero de allí a retornar al estatismo hay una distancia abismal que los peruanos de bien no merecemos recorrer nuevamente. Si hay algo verdaderamente estratégico es luchar contra la delincuencia, la pobreza, la tramitología, el analfabetismo, la anemia, la discriminación, la informalidad y la injusticia.
Si hay algo verdaderamente estratégico es luchar contra la delincuencia, la pobreza, la tramitología, el analfabetismo, la anemia, la discriminación, la informalidad y la injusticia.
