Marilú Martens, Exministra de Educación
Reflexionar sobre la educación en nuestro país nos lleva inmediatamente a pensar en una serie de retos que hemos ido arrastrando y que, debido a la pandemia, se han agravado particularmente para las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Sería imposible no ver los vacíos y desafíos a los que se enfrenta la educación rural. En el Perú, el 85.3% de escuelas primarias públicas se encuentra en el ámbito rural. De estas, el 85.4% son multigrado y el 86% de estas no cuenta con acceso a servicios básicos como agua, desagüe y luz. Frente a esta realidad, la emergencia sanitaria por el covid-19 ha encontrado a la educación rural en su propia crisis estructural y ha agudizado las dificultades a las que ya se enfrentaban tanto la educación como sus mismos actores: los docentes y estudiantes. Además de las limitaciones materiales y de conectividad, muchas escuelas no disponen de una dotación adecuada de docentes, quienes a su vez luchan con condiciones laborales deficientes.
En el 2018 fue aprobada la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales (DS-0132018-Minedu), esta propone cuatro objetivos: accesibilidad de servicios educativos de calidad, mejora del desempeño docente, garantizar la trayectoria educativa, y educabilidad y bienestar. Y el propósito es que al 2030 el 60% de estudiantes de educación secundaria logren aprendizajes satisfactorios e incrementar del 53% al 90% la culminación de educación básica. Sin embargo, para que este escenario sea posible es necesario financiamiento adicional para atender la situación de la educación rural que incluye aspectos no solucionados desde hace muchos años, como escuelas insuficientes para educación multigrado, unidocentes y bilingües; escasez de docentes; mínima disponibilidad de recursos educativos; elevada deserción estudiantil; atraso y alta repitencia escolar; desnutrición crónica (23.5%); y una tasa de embarazo adolescente del 22.5% (INEI 2018).
El país tiene una gran deuda que saldar con la educación rural. Es imperativo repensar las formas en las que se prestan los servicios educativos sobre todo a las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Para contribuir a cambiar esta situación, desde el 2016 CARE Perú viene implementando el proyecto Niñas con Oportunidades, el cual busca que niñas y niños de zonas rurales reciban una educación de calidad contextualizada y puedan culminar sus estudios en edad oportuna, con planes de vida diseñados y las competencias y estrategias desarrolladas para que les permitan recorrer el camino hacia un futuro prometedor. Creo firmemente que no podremos superar la pobreza en nuestro país, a menos que todas las personas tengan igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
No es uno sino múltiples retos a los que nos enfrentamos como país en el ámbito de la educación. Por ello, debemos priorizar las gestiones con enfoque territorial y en razón de los que más las necesitan. Estrategias como desarrollar alianzas intersectoriales con el respaldo de ministerios, gobiernos regionales y empresas privadas; promover modelos educativos comunitarios en los que tanto la escuela como la comunidad y las autoridades mantengan una comunicación pertinente, oportuna y constructiva; fortalecer en el currículo educativo promoción de habilidades para la vida con valores ciudadanos que ayuden a construir una sociedad justa, dinámica y próspera. Por supuesto, todo esto podrá ser realidad en tanto se cubran necesidades básicas altamente desatendidas. Para poder pensar en el futuro de la educación de nuestras jóvenes generaciones es necesario concentrarse en el presente y saldar de una vez las deudas que venimos acumulando desde el pasado.