Módulos Temas Día

The Economist: Ellos también cuentan

La regulación sobre fusiones tiene que considerar el impacto sobre los trabajadores.

Trabajadores

trabajadores

En mercados laborales competitivos, un empleador no puede hacer mucho para disminuir remuneraciones, pues sus trabajadores pueden encontrar fácilmente empleos con mejor paga (Foto: Getty).

Getty

De la edición impresa
Últimamente, poderosas corporaciones se han estado emparejando con impresionante ardor. Quizás sea algo en el aire o quizás se trate de reguladores amistosos.

El 22 de octubre, las autoridades antimonopolio de Estados Unidos le dieron su bendición a la más reciente megafusión de este año: la unión de Praxair y Linde, dos gigantes del rubro de gases industriales valorizadas en conjunto en US$ 90,000 millones.

A pesar de las señales de que la concentración industrial está restándole dinamismo a la economía, los reguladores permanecen permisivos. Tal vez se deba a que, cuando examinan una fusión, se enfocan únicamente en el bienestar de los consumidores.

Sin embargo, un creciente número de investigaciones indica que los reguladores también deben abordar los perjuicios que sufren los trabajadores. En mercados perfectamente competitivos, las empresas que buscan vender sus productos deben asignarles el precio prevaleciente en el mercado y no uno más elevado.

La situación cambia cuando una o un pequeño grupo de empresas domina el mercado. Un monopolista puede fijar precios altos pues los consumidores, que tienen poco para elegir, comprarán un volumen de producción a tales precios que sea suficiente para generar a la empresa grandes ganancias.

Pero algunas ventas no se concretan debido a los precios monopólicos, lo que representa una “pérdida irrecuperable de eficiencia” para la sociedad —una oportunidad perdida para aumentar el bienestar total—.

Los monopolios también pueden sofocar la innovación. AT&T, la otrora poderosa compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos, utilizó su posición de dominio en la operación de redes de telefonía local para cobrar en exceso a los consumidores. Fue necesario romper su monopolio para despejar el camino a la innovación y la reducción de precios.

Así como las empresas poderosas podrían aprovechar su peso para cobrar en exceso a los consumidores, también pueden manipular los mercados para pagar bajos salarios. En mercados laborales competitivos, un empleador no puede hacer mucho para disminuir remuneraciones, pues sus trabajadores pueden encontrar fácilmente empleos con mejor paga.

Pero en un “monopsonio”, por ejemplo un pueblo minero donde solo existe una mina, los trabajadores tienen pocas opciones. Las empresas pueden ofrecer salarios por debajo del nivel de un mercado competitivo pues saben que muchos trabajadores no estarán en condiciones de rechazarlos.

Al igual que ocurre con los monopolios, este ejercicio de poder de los monopsonios robustece las ganancias pero lastra a la sociedad con una pérdida irrecuperable de eficiencia —el subempleo de los trabajadores— y otros costos como un mayor gasto social.

Visión parcial
Los reguladores antimonopolio se enfocan abrumadoramente en el perjuicio a los consumidores cuando evalúan el poder de mercado. Pero cada vez es mayor la evidencia en torno al daño que ocasiona a los mercados laborales.

El porcentaje del ingreso nacional que fluye a los trabajadores ha declinado desde la década de 1950 en Estados Unidos, de 65% a 58%. El incremento de los salarios ha sido menor que el de la productividad. Es probable que el poder de mercado de sus jefes merezca algo de la culpa.

Un reciente artículo de investigación de José Azar, Ioana Marinescu y Marshall Steinbaum analizó 8,000 mercados laborales locales y halló que la mayoría está altamente concentrada. Un aumento de esa concentración desde el primer cuartil (nivel inferior) al tercer cuartil (nivel superior) está asociado con una reducción de 17% en las remuneraciones.

También han salido a la luz casos de colusión cometida por empleadores en el mercado laboral: se ha revelado que grandes compañías tecnológicas, como Google y Apple, se pusieron de acuerdo para no “robarse” empleados entre ellas.

Cerca del 40% de trabajadores estadounidenses ha estado sujeto, en algún momento, a contratos que les prohíben desempeñar su profesión o iniciar negocios en sectores similares, lo cual les impide trabajar para las rivales de sus empleadores.

Aun así, los reguladores rara vez se preocupan los efectos de las uniones corporativas sobre el mercado laboral. En un reciente artículo de investigación, Suresh Naidu, Eric Posner y Glen Weyl plantean tres explicaciones para esta situación.

Primero, la teoría legal desde los años 60 ha aceptado la idea de que la eficiencia económica de una fusión tiene que ser juzgada únicamente por sus efectos sobre los consumidores. Segundo, los reguladores no se han puesto al día con la conclusión de que los mercados laborales no son siempre competitivos.

Tercero, se creyó que cualquier daño a los trabajadores sería abordado de mejor manera por la regulación laboral y la negociación sindical que por las normas antimonopolio. No obstante, la desregulación y la erosión del poder sindical han debilitado esas fuerzas compensatorias.

En consecuencia, un número creciente de economistas argumenta que la política antimonopólica tome más en serio a los monopsonios. En otro artículo de investigación, Steinbaum y Maurice Stucke señalan que el actual estándar del “bienestar del consumidor” es solo una de varias formas de aplicar la ley.

Los estatutos antimonopolio son redactados de una manera lo suficientemente general como para que otros estándares también puedan ser aplicados con facilidad. Los autores respaldan un estándar de “competencia efectiva”, que empujaría a los reguladores a evaluar la salud de la competencia en todos los mercados.

Cabe resaltar que ese enfoque también generaría un cambio en la carga de las pruebas que deben presentar las empresas que buscan fusionarse, pues se les pediría que demuestren que la consolidación no socavará la competencia.

Por su parte, Naidu, Posner y Weyl proponen otras reglas generales para sopesar las fusiones. Así, bajo un enfoque de la “definición y concentración de mercado”, los reguladores determinarían el mercado laboral relevante y examinarían las fusiones que elevarían la concentración por encima de un cierto techo.

Pero puede ser complicado definir el mercado laboral relevante. En otro artículo de investigación, Marinescu y Herbert Hovenkamp citan como ejemplo a eBay, un sitio de subastas online, e Induit, que provee software tributario. Ambas ofrecen servicios muy distintos, pero un acuerdo para no robarse empleados entre ellas indica que se ven como competidoras por trabajadores similares.

Felizmente, la data de sitios web de búsqueda de empleo hace posible que se observen los tipos de trabajadores que buscan ciertos empleos —en otras palabras, los mercados laborales en los que se desenvuelven—.

Dolores
Un enfoque alternativo, “presión salarial descendente”, analizaría cuán a menudo los trabajadores tienden a pasarse de una empresa a otra.

Una propuesta de fusión quedaría bajo escrutinio si muchos de los traslados de trabajadores en un mercado ocurren entre dos empresas que están por fusionarse.

Los autores estiman que tal escrutinio supondría el tipo de análisis económico detallado que los reguladores ya utilizan para evaluar la competencia producto-mercado, pero aplicado a los mercados laborales.

A la fecha, los gobiernos han estado demasiado enfocados en los daños que la creciente concentración industrial ocasiona a los consumidores, mientras que está pendiente una consideración del impacto sobre los trabajadores.

Sin la competencia, las grandes empresas se convierten en burocracias explotadoras que no rinden cuentas a nadie. Los consumidores, así como los trabajadores, merecen algo mejor que eso.

Traducido para Gestión por: Antonio Yonz Martínez

Leer comentarios ( )

Ir a portada