Por Pedro Gamio Aita
Ex viceministro de Energía
Una reciente sentencia de la Corte Suprema “declaró nulo” un Decreto supremo que permitía una práctica incorrecta en el mercado eléctrico, así los generadores térmicos a gas declaraban costos irreales en la generación y eso provocó distorsiones severas en el mercado eléctrico.
Esta situación irregular o distorsión que se da en el sector eléctrico y que generó ganancias adicionales a algunas empresas termoeléctricas, ha impactado negativamente en los consumidores. Más de 7.5 millones de familias peruanas (31 millones de peruanos) han asumido pagos adicionales en sus recibos eléctricos del orden de US$ 100 millones en el último año.
El beneficio indebido se sustenta en que algunas empresas generadoras se dedican a comercializar más energía de la que realmente producen, adquiriendo la energía que otros generadores más eficientes producen, a un precio por debajo de los costos reales de producción, y luego venderla incrementada con un margen a sus clientes libres, pero también a precios distorsionados.
Producto de esto, durante ya varios años, los hogares peruanos pagan el doble que grandes empresas consumidoras (2,500) por la misma energía. Se da el caso que un hogar de clase media paga el doble que, por ejemplo, un gran Centro Comercial o una gran empresa. Esa distorsión es injusta e inadmisible.
Esta irregular situación ha causado también un perjuicio indirecto a los pensionistas de la ONP. Como se sabe, Electroperú es parte del patrimonio de la ONP y sus utilidades sirven para pagar las pensiones de los jubilados. Esta distorsión le ha causado pérdidas, solo a esta empresa estatal que se estiman en US$ 130 millones, según sus Estados Financieros Auditados. Mención aparte merece la perdida de las otras 4 empresas hidroeléctricas de propiedad del Estado.
Sin embargo, producto de la Sentencia de la Corte Suprema, los usuarios residenciales dejarán de pagar costos adicionales en sus recibos mensuales de electricidad. El ahorro comenzará a darse cuando el Ministerio de Energía y Minas dicte el nuevo Decreto Supremo que corrija esta distorsión, reflejándose el costo real del gas natural para la generación eléctrica. Hoy una familia peruana paga 35% más que su similar en Chile por la misma cantidad de energía consumida.
Por su parte en el Congreso hay proyectos de ley, en la Comisión de Defensa del Consumidor, que ofrecen reducir las tarifas eléctricas, pero sin consistencia técnica y de aprobarse como están redactados, serían los usuarios de provincias, quienes terminarían siendo afectados, porque se afectaría más la calidad del servicio público. No se ataca el problema principal. El reto es que todos los peruanos tengan luz con menores interrupciones y a precios cada vez más competitivos.
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Sincerar los costos de generación, corregir distorsiones y abrir el camino a las energías renovables y la generación distribuida. Por ejemplo, la energía solar está frenada por disposiciones reglamentarias que no corresponden con los avances tecnológicos y las mejores prácticas de la mayoría de los países. También hay que activar y liberar las trabas para el desarrollo del mercado secundario de gas natural y el de capacidad contratada en el sistema de transporte.
Está pendiente el fortalecer a las empresas de distribución eléctrica del interior del país, para que puedan mejorar su servicio, reducir las interrupciones. Que el estándar de calidad de servicio sea similar en todo el país.
En resumen, en el mercado eléctrico hay que corregir las distorsiones que se vienen presentando, como es el caso de las declaraciones del precio del gas natural, donde se declara valores que no corresponden a la realidad, en el proceso de formación de precios en el mercado eléctrico. Son normas técnicas anacrónicas que afectan la libre competencia. El poder regulador del Estado en defensa de la libre competencia debe manifestarse.