Sostenibilidad fiscal en riesgo

Exministro de Economía

Pasado el inoportuno intento de censura a la ministra de Economía y Finanzas, en plena crisis sanitaria y económica (a las que ahora se suma la política), es importante que el Gobierno haga correctivos urgentes a la política económica. La tónica sistemática de reportar logros económicos debatibles, de proyectar escenarios irrealmente optimistas y de no reconocer errores, solo complicará lo que ya de por sí será una dura, larga e incierta recuperación de la economía peruana en los próximos años.

Esta ya enfrentaba grandes desafíos años antes del COVID-19. Contrario a lo que algunos señalan, el Perú no vivió un milagro económico, sino un periodo de rápido crecimiento impulsado por condiciones externas extremadamente favorables (ver Ghezzi “¿El fin del “milagro económico” peruano?” y Segura “El ‘milagro’ que no fue”). La “macro”, si bien no exenta de errores, fue una fortaleza, pero no aprovechamos los tiempos de bonanza para sentar las bases para revertir nuestras carencias estructurales. Desatendimos la “micro”. Ghezzi y Gallardo, en su libro “Qué se puede hacer con el Perú” (2013), ya alertaban cómo nuestro modelo económico no contenía la semilla del desarrollo.

Sin embargo, lejos de corregir la “micro”, corremos el riesgo de descarrilar la “macro”. Hace meses (De la Torre, Ghezzi y Segura “Apoyando la recuperación, pero bien y con un plan”) señalamos errores que se estaban cometiendo en este frente, incluyendo la suspensión de las reglas fiscales, el no aprovechar las favorables condiciones de endeudamiento y el no publicar la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), todo lo cual devendría en opacidad, discrecionalidad excesiva y ausencia de rendición de cuentas en política fiscal. Era importante endeudarse y gastar, pero hacerlo bien y con un plan (que no existió). El MMM de fines de agosto, inevitable dado que es requisito para el proyecto de Ley de Presupuesto, hace patentes los errores señalados, y los riesgos acrecentados que ahora enfrentamos.

El MMM se basa en supuestos irrealmente optimistas del PBI, particularmente en el mediano plazo, con tasas de crecimiento muy por encima de aquellas de los últimos seis años (post bonanza global) y de consenso sobre el crecimiento potencial. Ello conlleva una proyección de ingresos también extremadamente optimista, que sumada a la inclusión inédita de una partida de ingresos permanentes “por identificar”, devienen en una senda de ingresos muy por encima de aquellos pre-covid, con una alta probabilidad de que no se materialicen. Sobre esa base se plasma una trayectoria de gasto público que, aun pasados los gastos transitorios por la pandemia, también es muy superior a aquella prepandemia. El gasto debe responder a los ingresos y financiamiento disponibles. No al revés, por más deseable que sea.

Pero aun en el escenario que plantea el MMM, las necesidades de financiamiento deben llamarnos a extrema preocupación: 28 pp del PBI entre 2020 y 2024, de los cuales 17.5 pp son en 2020 y 2021. Una necesidad de financiamiento de esa escala no ocurría desde los 80, pero a diferencia de aquel entonces, el BCR no puede monetizar el déficit (correctamente, pues ello gatilló la hiperinflación).

Si bien los activos ahorrados a lo largo de dos décadas están para tiempos como el actual, hay dos problemas. El primero es de escala. Activos disponibles al Tesoro son aproximadamente 7 pp del PBI. Aun usándolos todos, queda un forado de 21pp del PBI. Segundo, el actual Gobierno está consumiendo los activos líquidos de manera acelerada. El Fondo de Estabilización Fiscal, cuyo uso era importante graduar en el tiempo por su efecto señalización (y de reserva líquida), desapareció en agosto (trasladar recursos temporalmente a la cuenta única del Tesoro para su uso no cambia este hecho). Desde el 2017 se han venido usando los ahorros del Tesoro en magnitudes no menores, pero ahora podríamos quedarnos sin activos líquidos en pocos meses, enfrentando necesidades de financiamiento de mediano plazo extremadamente demandantes.

Que no existía una estrategia de financiamiento coherente ya era evidente desde la pequeña (dadas las necesidades) y corta (al próximo gobierno le corresponde parte de la amortización por ser la más corta en dos décadas) emisión de abril pasado, pese a tasas históricamente bajas y a amplio acceso.

Todas estas decisiones sugieren que el Gobierno considera que nuestras necesidades de financiamiento terminan el 28 de julio próximo, y no es así. Nuestros niveles aún moderados de deuda no solucionan los problemas y riesgos descritos. Las finanzas públicas están en una trayectoria insostenible. Es imperativo que el Gobierno sincere las proyecciones, gradúe el uso de activos líquidos y diseñe una estrategia responsable de financiamiento. Como parte de esa tarea, debe sincerar el punto de partida del gasto público para este y el próximo año, que han sido inflados más allá de lo que un impulso reactivador y la capacidad de ejecución sugieren.

Y es urgente retomar la vigencia de las reglas fiscales, con una trayectoria razonable y sostenible. Justificarse usando a la Unión Europea y a Colombia como ejemplos de países que suspendieron reglas fiscales omite el hecho de que sus marcos institucionales lo contemplan, a diferencia del caso peruano. Lo que nuestra legislación considera es la aplicación de reglas de excepción que permitan flexibilidad a la política fiscal para apoyar la recuperación de la economía. El propio Gobierno las aplicó a fines del año pasado.

No debemos confundir espacio necesario de respuesta contracíclica y posterior convergencia responsable, con un “vale todo” en política fiscal. Tampoco hay espacio para iniciativas irresponsables del Congreso. La “macro” no basta, pero si la perdemos, es un punto de no retorno.