Por Juan Pablo Delgado Aguirre
Socio gerente - ND Executive Search
Desde el año 1995 advertí que el Sistema Privado de Pensiones (SPP) que extendía su cobertura de una Pensión de Jubilación a un servicio adicional como el Seguro de Desempleo – SDD se corría el riesgo de que políticos con tono populistas toquen los fondos previsionales para obtener redito político personal. Este atentado contra las pensiones de jubilación futuras y bienestar de largo plazo para los afiliados ha sido concretado propiciando retiro de fondos como si fuera una dadiva de estos políticos.
Las AFP no escucharon, no hubo humildad y capacidad para prever lo que se venía conociendo que tenemos predominantemente una cultura inmediatista, de corto plazo, de un servicio de jubilación que demora en ser tangible y políticos poco preparados para generar valor con ideas propias, pero si para quitar o intervenir en el valor que otros crean. Los retiros han sido la consecuencia de esa poca capacidad de anticipación y que les fue advertido en todos los tonos. Se ha puesto en riesgo el SPP.
La iniciativa para crear un SDD de manera autofinanciada fue analizada y discutida con el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y una Central Sindical con resultados favorables a excepción de las AFP. La propuesta originó otra vertiente como lo es el Régimen Especial de Jubilación Anticipada por Desempleo – REJA la que apoyé por considerarla un avance, sin embargo, no atendía lo principal contar un apoyo económico durante el desempleo.
La propuesta tal como se diseñó continuó su curso en el Congreso y por alguna extraña razón, el congresista que visitaba mis oficinas con regularidad para afinarla por el encargo del presidente ya no lo hizo más. Al poco tiempo el presidente y el congresista interesado dejaron sus cargos y los ocuparon nuevos funcionaros públicos electos. ¿Qué sucedió?
La posibilidad de crearlo sigue vigente pero la oportunidad de hacerlo realidad debería ser durante la vigencia del próximo Congreso electo en el 2021, el actual se ha deslegitimado.
El SDD se financiaría con los propios ahorros que los trabajadores mantienen en sus Administradoras de Fondos de Pensiones, las mismas que lo administrarían en adición al único servicio que ofrecen: Jubilación. En mayo del 2003 la Federación Internacional de AFP – FIAP, en su congreso mundial, concluyó que el SDD es un campo natural de expansión para el Sistema Privado de Pensiones.
Como mencionamos, el autofinanciamiento provendría de: a) los ahorros de los trabajadores en sus AFP, b) traslado de sus fondos CTS en el sistema financiero a sus cuentas de capitalización individual en sus AFP, c) mayor aporte temporal que harían quienes vuelven a trabajar y optaron por acogerse a una compensación mensual por desempleo y d) del mayor aporte al integrar proporcionalmente los depósitos CTS a su remuneración mensual solo afecta al descuento de su AFP.
En esta ecuación todos ganan, las AFP darían un servicio extendido y tangible en respuesta a quienes hoy cuestionan el sistema como lejano y ajeno. Independientes e informales se verían atraídos con este beneficio y las AFP serían menos vulnerables a gobiernos demagógicos y populistas.
Los trabajadores tendrían una protección real frente al desempleo. El monto del beneficio estaría en directa relación con los años y monto de aportación, la remuneración neta y sería optativo. La cobertura alcanzaría hasta ocho meses y no podría reducir el fondo en más del 40% del fondo acumulado.
Para los trabajadores vigentes la CTS se integraría como parte de la remuneración mensual y en boleta de pagos se separaría con la intención de que sea un pago solo afecto al descuento de AFP. Por otro lado, con esta integración el trabajador tendría mayor ingreso neto y capacidad de consumo. La rentabilidad que ganarían los fondos en una CTS sería considerablemente mayor en una AFP que lo que reciben en el sistema financiero. Para los trabajadores nuevos todo estaría considerado en su remuneración básica.
El Estado tendría todas las contingencias previsionales cubiertas en beneficio de tratados internacionales, índices de competitividad y calificadoras de riesgo. Habría mayor recaudación por IGV y posibilidad de mayor inversión privada en infraestructura por mayor fondo disponible en el SPP. La atracción hacia el empleo formal sería mayor, reduciríamos el número de horas de inspección CTS (SUNAT / SUNAFIL), sería posible pensar en el aumento de la remuneración mínima al integrar la CTS a la remuneración mensual en un 8.33% y sin costo adicional para nadie.
Habría beneficios colaterales para el sector empresarial al simplificar la administración de planillas, satisfacción de la fuerza laboral, menor rotación no deseada al mejorar los ingresos y sentirse cubiertos ante la eventualidad del desempleo.
Nuevamente, la fórmula propuesta sigue vigente, requiere voluntad política y empresarial para anteponer el bienestar nacional al particular. Demanda más sentido común que cálculos actuariales.