Salud pública, riesgo regulatorio y populismo

El epicentro de la hiperactividad legislativa se centra hoy en la salud pública con la intención de encarar el deficiente acceso y la pobre calidad de los servicios sanitarios, de mejorar la accesibilidad de los medicamentos y de sancionar prácticas anticompetitivas.

Es fundamental atender con urgencia las necesidades sanitarias de la población a través de la adopción de regulaciones que cuenten con el debido sustento técnico y un cabal entendimiento de los problemas que requieren ser solucionados. Lo que resulta inaceptable es que el Congreso se valga de la pandemia para dictar medidas que responden al clamor popular y que, contrario a lo esperado, acabarían perjudicando a los ciudadanos más necesitados.

En este contexto, la legislación recientemente aprobada ha elevado significativamente la prima de riesgo regulatorio del país dificultando la recuperación económica, tal como lo advierten las agencias calificadoras de riesgo.

Los controles de precios perjudican a los consumidores

Algunos ejemplos recientes ilustran la gran brecha que existe entre el diagnóstico y las soluciones normativas que se vienen discutiendo y aprobando. Hay iniciativas legislativas que proponen regular los precios de medicamentos de primera necesidad. Se apela al abuso del poder de dominio en las cadenas de farmacias para recortar ciertos derechos constitucionales (libertad de contratación y de empresa) enarbolando la protección al consumidor. Sin embargo, nuestra propia experiencia muestra que los controles de precios son perjudiciales para el consumidor que se pretende favorecer al desincentivar la producción, provocar escasez y estimular la irrupción de mercados negros. Esto no quiere decir que no haya espacio para mejorar la regulación. Por ejemplo, la accesibilidad de los medicamentos podría mejorar si se redujeran las barreras a la importación, se utilizara la condición del Gobierno como principal comprador de medicamentos o se adoptaran plataformas digitales para la venta online. Todo lo anterior mejoraría el abastecimiento ante la demanda de la población.

Fortalecimiento de la fiscalización de prácticas anticompetitivas

El Congreso aprobó sancionar penalmente el acaparamiento y la especulación de precios, desconociendo que el Gobierno dejó de fijar precios desde la entrada en vigencia de la Constitución en 1993. El nuevo marco normativo aprobado introducirá incertidumbre sobre cuáles acciones se tipificarán como acaparamiento y/o especulación y qué entidad será la encargada de sancionar estas prácticas anticompetitivas. Al penalizar estas actividades y sacarlas del ámbito administrativo, esta nueva legislación estaría debilitando las competencias de las entidades especializadas, como el Indecopi, y otorgándoselas al Poder Judicial sin que este cuente con las capacidades suficientes para desempeñar estas nuevas funciones. Se tendrían que crear nuevas salas especializadas en la materia, lo que demandará tiempo y presupuesto, y se recargará aún más la elevada carga procesal del Poder Judicial que en la actualidad asciende a más de 3 millones de expedientes. Es evidente que no se puede tolerar el aprovechamiento indebido de la crisis sanitaria y pasar por alto las acciones de algunas malas empresas que distorsionan los mercados para su propio beneficio. Sin embargo, en lugar de adoptar medidas ineficaces (aunque efectistas), el camino más indicado hubiera sido el fortalecimiento de las entidades especializadas existentes en su tarea de fiscalizar y sancionar las prácticas anticompetitivas.

¿Quiere el Congreso realmente reformar la salud pública?

Otras iniciativas legislativas en materia de salud constituyen medidas dispersas e inorgánicas. Es así que el Congreso aprobó un proyecto de ley para que el contagio del covid-19 sea reconocido como una enfermedad ocupacional, criminalizando a los empleadores de establecimientos de salud cuyos trabajadores contraigan el virus. Asimismo, aprobó el ascenso automático, el cambio de línea de carrera, el nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal administrativo sin contar con la debida asignación presupuestaria. Estas leyes entran en contradicción con la disposición del propio Congreso de crear una comisión que presente una reforma integral del sistema nacional de salud. Es indudable que urge abordar las falencias de la salud pública del país, pero no pareciera que la pretendida reforma liderada por el Congreso fuera a atacar los problemas de fondo del sector.

El populismo comienza a pasar factura

En este marco, lo que más preocupa es que la ola legislativa populista pueda extenderse a otros sectores sensibles de la economía, como el financiero o los servicios públicos. Los dictámenes pendientes de aprobación en materia de controles de precios, condonaciones de deudas y regulaciones que carecen de sustento técnico, permiten prever que el Congreso no detendrá su irresponsable accionar al no contar con un contrapeso real en el Ejecutivo. El impacto perjudicial del alud legislativo ha encendido todas las alertas. Aun cuando la reciente reducción de la calificación crediticia soberana realizada por Fitch responde a la previsión de unas finanzas públicas debilitadas ante la crisis, es evidente que un elemento que subyace en esta decisión es el riesgo que un mayor intervencionismo estatal eleve el riesgo regulatorio, ahuyente a la inversión y mine el crecimiento potencial del país.

Habiendo sufrido el enorme costo del populismo en el pasado, como ciudadanos no podemos ser indiferentes ante los perniciosos efectos de este irresponsable accionar del Legislativo. Urge que los candidatos que aspiran a gobernarnos se responsabilicen por las acciones que están tomando sus agrupaciones políticas y sean conscientes que la población no tolerará nuevamente que se hipoteque su futuro.