Por Juan Manuel Ostoja
Presidente de FIPES
La educación superior se encuentra atravesando por una grave crisis derivada de los efectos del COVID-19. El esfuerzo de las universidades privadas licenciadas y los institutos tecnológicos por atender los problemas de alumnos, se ha visto largamente sobrepasados por una fuerte caída de la matrícula, una deserción que va en aumento, y el incremento de la morosidad. Se estima que 500 mil jóvenes dejarían de acceder a la educación superior este año y que, en el 2021, la caída en la matrícula de nuevos alumnos, según un estudio de Arellano Consultores, podría llegar a un 34% en el caso de estudiantes universitarios y un 45% en los institutos tecnológicos, que podrían posponer sus estudios.
Sin embargo, estos no son los únicos obstáculos a los que se enfrenta la educación superior, ya que la falta de incentivos y limitaciones que imponía la Ley Universitaria a la educación virtual, no permitió la promoción de una enseñanza alineada con los retos y desafíos de esta nueva era digital. Si bien hubo una respuesta efectiva y rápida por parte del gobierno al permitir un aprendizaje 100% virtual durante la pandemia; la promulgación del DL 1496, que modificó la Ley Universitaria, eliminando el 50% de límite que tenía la educación virtual; y el reglamento de esta norma que permitirá que en el caso de pregrado llegar hasta un 80% de manera virtual, y al 100% en el caso de programas de adultos y posgrado. No es suficiente frente a las exigencias de Sunedu de presentar nuevamente solicitudes de aprobación de sus programas presenciales para obtener el cambio a la modalidad virtual, tomando en cuenta que su aprobación, como ha venido ocurriendo en el pasado, demora más de un año.
Esto perjudica directamente a la urgencia de ofrecer nuevos programas digitales que permitan una mayor flexibilidad y eficiencia en costos, como una manera de dar un mayor acceso a cientos de miles de jóvenes en riesgo de dejar sus estudios superiores. Se necesita desarrollar en paralelo a la educación formal, una propuesta de educación continua con un mayor componente digital. Apostar por una educación orientada a los nuevos retos del mundo digital.
El gobierno no debe permitir que la educación superior y los jóvenes del bicentenario sigan esperando y se detengan. Es necesario que el Estado se preocupe por: expandir las becas de emergencia que viene promoviendo, pero que son insuficientes para la gran cantidad de jóvenes estudiantes en situación de riesgo; y desarrolle préstamos estudiantiles que sean pagados cuando los estudiantes se hayan graduado y conseguido un empleo como profesionales. Así también, es urgente que Sunedu flexibilice la aprobación de nuevas carreras y autorice la educación virtual de manera permanente, permitiendo a las universidades licenciadas aumentar y hacer más eficiente la oferta de educación superior.