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La otra reforma prioritaria: Modernizar los recursos humanos del Estado

De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Función Pública, contar con un servicio civil profesional es una condición para el desarrollo.

Trabajadores

Colaboradores entre los 18 a 25 años, buscan un trabajo flexible, a distancia, que les permita realizar otras actividades. (Foto: iStock)

Colaboradores entre los 18 a 25 años, buscan un trabajo flexible, a distancia, que les permita realizar otras actividades. (Foto: iStock)

Por Andrés Corrales Angulo – gerente de Desarrollo de Escuela de Posgrado Universidad Continental

El presidente Vizcarra ha iniciado su segundo año de gobierno, con avances en la reforma política y en la lucha contra la corrupción, pero se le ha pedido otras reformas. Esto es importante en una sociedad acostumbrada al cortoplacismo y a vivir entre coyunturas. Sobre todo, porque las reformas no son de corto plazo y no se ven necesariamente resultados inmediatos. Pero son cruciales y es responsable emprenderlas.

Entre las posibles reformas, hay una que está en la base y le da sostenibilidad a las demás: la reforma del sistema de recursos humanos del Estado. Hace poco se ha criticado el cambio continuo de ministros por el efecto que tiene en la continuidad de las políticas. Pero con el cambio de ministros, cambian hasta 3 niveles hacia abajo. Más del 70% de los puestos directivos son “de confianza” (de libre designación y remoción). Cuando cambia la autoridad, cambian todos. Ingresan nuevas prioridades, se genera curva de aprendizaje, se vuelve a coordinar con stakeholders, se pierde memoria institucional, en varios aspectos se empieza de cero.

Si a ello sumamos los CAS, que son casi el 20% del total de servidores, el problema es mayor. Ante cambio de autoridades, hay la facilidad para decidir no renovar contratos ya que son temporales. Ingresarán nuevos profesionales que se adaptarán, con quienes se retomarán coordinaciones internas y externas.

Y además, la designación por “confianza” no garantiza que se trate de profesionales competentes. Tampoco hay garantía en la forma en que se llevan a cabo los concursos CAS en muchas entidades públicas.

La propuesta de cambio es la Ley del Servicio Civil para contar con un servicio civil profesional: meritocrático y con carrera pública. Si no acometemos esta reforma, no podremos avanzar en otras. ¿Cómo podemos avanzar en inversión pública o competitividad, en infraestructura o desarrollo territorial si los servidores a cargo del diseño y ejecución de las políticas, de la regulación o fiscalización, se encuentran en un sistema de tan baja institucionalidad? De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Función Pública, contar con un servicio civil profesional es una condición para el desarrollo.

El presidente y el primer ministro tienen la oportunidad histórica de impulsar la implementación de la Ley del Servicio Civil, con mayor ritmo y respetando los derechos laborales. Es el Poder Ejecutivo el que debe dar el ejemplo. Son los Ministerios y sus Organismos los que deben transitar en este año al nuevo régimen. Los países que más han avanzado en su reforma del servicio civil han contado con una decisión política sostenida del más alto nivel. Ojalá que en el discurso de investidura del premier este sea uno de los compromisos. El desarrollo del país lo requiere.

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