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Humberto Martínez
En las semanas pasadas nos enteramos que la Municipalidad de Lima ha perdido un arbitraje en Washington DC por haber cerrado el peaje de Chillón-Puente Piedra, y que esto nos costará S/. 230 millones a los limeños. Como se recuerda, esta decisión fue tomada por la administración de Luis Castañeda, ante la protesta de algunos grupos de pobladores.
Este caso nos hace recordar uno similar en el sector minero, a fines de la administración de Alan García, quien ante las protestas lideradas por Aduviri en Puno, quien reclamaba que el estado hubiera otorgado todos los permisos para operar a la mina Santa Ana, incluso los permisos de las comunidades directamente involucradas, el estado decidió anular todos los permisos y paralizar el proyecto. En ese caso, otro arbitraje internacional del CIADI en Washington concluyó que el Perú debía indemnizar al inversionista con US$ 30.2 millones, que ya han sido pagados por el estado (es decir, nosotros que pagamos los impuestos).
Y tenemos más casos, como los peajes en carreteras o vías urbanas suspendidos por decisión unilateral de la autoridad (el MTC, municipalidades, y ahora hasta el Congreso). Estos casos pueden también terminar sancionando una indemnización que compense al inversionista, que de la misma forma deberemos pagar todos los peruanos.
El populismo o la falta de liderazgo para afrontar la situación y explicarle a la población que su reclamo es equivocado, explican la razón por la que en estos y otros casos más, las autoridades toman estas decisiones, que luego tenemos todos que lamentar. Todos menos los verdaderos responsables.
Decimos lamentar, no solo porque algunas de estas inversiones se paralizan o pierden, con lo cual ya perdemos todos los peruanos (por los impuestos que se dejan de cobrar o la infraestructura que no mejora), sino además, porque somos los peruanos los que terminamos pagando esas indemnizaciones con nuestros impuestos. En vez de dedicar los impuestos recaudados a mejorar los servicios que debe prestar el estado, tienen que destinarse a pagar las indemnizaciones provocadas por funcionarios irresponsables.
Y queremos detenernos en un vocablo deliberadamente elegido: irresponsables.
Porque la irresponsabilidad no está sólo en haber tomado la decisión, perjudicando a todos, sino que además esos funcionarios públicos no responden económicamente por su decisión, son entonces irresponsables! Su decisión podrá significar que pierden crédito político, pero no responden económicamente por ella, sino que somos los contribuyentes los que pagamos su decisión, generalmente tomada no por impericia sino por decisión política meditada.
Hasta hoy nadie reclama protegernos contra estas decisiones irresponsables: hagamos que los que tomaron estas irresponsables decisiones que pesan sobre los contribuyentes, tengan que responder patrimonialmente por estas indemnizaciones. Probablemente no alcance su patrimonio para cubrir toda la indemnización, e igual tendremos que hacerlo los contribuyentes en la mayor parte de la indemnización, pero por lo menos les hará pensar que sus decisiones pueden terminar costándole no solo descrédito político, sino que también afectará su patrimonio. Cuando tengamos una norma o sentencia así, allí veremos qué funcionario se atreve a violar un contrato o desconocer el derecho de un inversionista. Ay de aquel que lo haga, porque no solo será juzgado políticamente (por lo poco que les puede interesar), sino que tendrá que responder económicamente por su decisión. Una norma así será una verdadera vacuna anti-populismo.