Pymes y financiación de mercado: ¿mito o realidad?

Por: Salvador Bekiaropoulos y Pilar Soler, economistas de la Unidad de Regulación de BBVA Research

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son una parte fundamental del tejido empresarial, no sólo español si no de todo el conjunto de la Unión Europea (UE). Suponen más del 90% del total de empresas, proporcionan el 70% del empleo y aportan cerca del 50% del valor añadido de la UE. Es por ello que cualquier alteración que sufran estas empresas puede acabar teniendo consecuencias sobre el crecimiento económico y el empleo.

Los efectos negativos de la última crisis financiera sobre el flujo de crédito evidenciaron uno de los principales problemas de las pymes en Europa: una fuerte dependencia de la financiación bancaria. Al comparar con otras jurisdicciones, las pymes europeas dependían en mayor medida de sus bancos para expandirse y generar empleo, y cuando la crisis tensionó las condiciones de oferta del crédito, muchas de ellas encontraron dificultades para satisfacer sus necesidades de financiación, con las consecuencias negativas que esto acarreó sobre la economía real.

Por ello, la Comisión Europea, dentro del proyecto de la Unión del Mercado de Capitales (UMC) se planteó como uno de sus objetivos fundamentales ampliar las opciones de financiación de las pymes, bajo la premisa de que una mayor diversificación contribuiría a reducir sus riesgos, haciéndolas menos vulnerables a los ciclos bancarios. Así, desde 2015 se han presentado diferentes iniciativas legislativas a fin de diversificar sus fuentes de financiación.

En este sentido el año pasado se aprobó, entre otras cuestiones, una simplificación de los requisitos informativos en los folletos de emisión, para reducir la carga administrativa de las empresas más pequeñas, siempre manteniendo una adecuada protección al inversor. Por otro lado, también se ha abordado la creación de mercados de financiación específicos (conocidos como Mercados de Crecimiento para pymes). La idea detrás de estas propuestas es clara: si se pretende que estas empresas diversifiquen su mix de financiación y acudan a los mercados para emitir capital o deuda, se deben generar los incentivos necesarios para que éstas opten por moverse en esa dirección.

No obstante, pese a los avances legislativos, la promoción de esta clase de financiación alternativa puede encontrar barreras. Por un lado, las derivadas del fuerte arraigo hacia la financiación bancaria (en parte por una dilatada relación de negocio entre el banco y la pyme, y en parte por los menores costes y barreras administrativas que supone). Por otro lado, también existen factores que afectan a la oferta de fondos prestables a través de mercados, como por ejemplo asimetrías en la información sobre la capacidad de pago de estas empresas, la potencial falta de liquidez o la fragmentación geográfica, que pueden dificultar el acceso a una amplia base inversora.

La Comisión Europea reconoce la relevancia de la financiación bancaria, que sigue representando la principal fuente de financiación para las pymes europeas. Por ello, dentro de la normativa bancaria se incluyen provisiones para potenciar y fomentar las exposiciones frente a estas entidades, procurando que el flujo de crédito a las mismas sea más estable y no se vea tan afectado en momentos de dificultad del sistema bancario. Esta clase de medidas han contribuido a normalizar el crédito a pymes, lo que se refleja en que en la última encuesta realizada por el BCE a más de diez mil pymes europeas, el acceso a financiación ha perdido relevancia entre los retos que enfrenta el sector.

El proyecto global de la UMC, y el objetivo concreto de lograr un modelo de financiación más diversificado para las pymes, pueden traer consecuencias beneficiosas para la economía. La aparición de nuevas fuentes de financiación contribuye a la estabilidad y a la resiliencia de las pymes europeas en su conjunto, puesto que ven reducidos sus riesgos como consecuencia de la diversificación. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el proyecto de la UMC es un objetivo a largo plazo. Las iniciativas legislativas (incluso las ya aprobadas) pueden requerir de un largo periodo de tiempo antes de traducirse en un cambio en el mercado y empezar a tener efectos tangibles. Por eso, mientras tanto, debemos asegurar que contamos con un sistema bancario robusto que pueda proporcionar crédito a la demanda solvente en cualquier etapa del ciclo, y así contribuir al crecimiento económico.