Privados en la distribución de las vacunas

No es ningún secreto que el Perú pasa por un momento crítico en el aspecto económico, social, político y sanitario. Publicaciones de diversos medios internacionales nos señalan como uno de los países más afectados – sino el más afectado- del mundo por la pandemia. A esto debemos sumar una coyuntura política compleja por estar en pleno gobierno de transición y muy cerca de un nuevo proceso electoral.

El proceso de vacunación parece ser la luz al final del camino y mientras vemos que otros países han avanzado de forma muy eficiente en su proceso de compra y distribución, en el Perú se vive una realidad distinta. Si bien se anuncia que vacunas de diferentes laboratorios van a llegar con mayor frecuencia – el ministro Ugarte señaló en abril llegarían 200,000 semanales y en mayo el número subiría a 450,000 por semana – lo que merece especial atención es cómo podemos hacer más eficiente la distribución de las mismas, sumando a todos los actores posibles, incluyendo al sector privado.

A finales de marzo se anunció que las EPS, aseguradoras y clínicas que manejan Prepagas podrían formar parte del proceso de distribución de las vacunas del Estado. Este anuncio fue positivo porque no solo mostraba voluntad de trabajo en conjunto, sino que también se comenzaría a usar la tecnología, la infraestructura y se aprovecharía la capacidad de contacto con los afiliados que ya tiene el grupo de privados. Por otra parte, reducía la carga y costos del Estado, al ser estos asumidos por los privados. Como es lógico, más allá del espíritu de colaboración con el país, las aseguradoras, EPS y Prepagas tienen un incentivo en vacunar con la mayor rapidez a sus afiliados puesto que, esto reduce enormemente la probabilidad de gastos en atenciones derivadas de COVID-19. Cabe señalar que en esta alianza siempre se dejó claro que los criterios para el orden de vacunación determinados por el Minsa serían los mismos, inclusive en el canal privado.

En líneas generales parecía un buen acuerdo; sin embargo, luego de conocerse las particularidades, podemos ver que el espectro es todavía muy reducido ya que únicamente serán vacunados en este grupo personas que no estén afiliadas a EsSalud, SIS o FF.AA./PNP. Es decir, las personas que están en planilla o los jubilados que aportan a EsSalud, por ejemplo, no pasarían por este canal de vacunación, sino que seguirían en la lista de vacunación de EsSalud. Con esto el grupo que sería vacunado por los privados termina siendo menor, lo que no aporta realmente en la búsqueda y el logro de eficiencia.

Si bien el Estado tiene buena experiencia en campañas de vacunación, esta, en particular, presenta varios retos considerando los criterios de riesgo que se manejan con vacunas escasas, por lo que un punto crucial es la gestión de citas para evitar desperdicio en las vacunas que de por sí tienen una logística compleja. En ese contexto y teniendo en cuenta que hoy las aseguradoras, EPS y Prepagas tienen contacto constante por las comunicaciones, renovaciones, cobros entre otros con sus afiliados y que además cuentan con el soporte tecnológico adecuado para poder sacar citas y hacer seguimiento a las mismas, ¿no sería razonable ampliar la lista de vacunación de este grupo a todos los afiliados de las EPS, aseguradoras y Prepagas? Estamos hablando de un grupo aproximado de tres millones de peruanos.

Tomar una decisión como esta podría reducir gastos al Estado y reducir la carga en las campañas que este realiza. De la misma forma si el grupo de privados demuestra notable eficiencia en el proceso, también podría ampliar su capacidad a otros grupos encomendados por el Estado.

Esperemos que el primer paso en la colaboración entre el sector público y el privado se vaya ampliando cada vez más.