(Foto: Difusión)
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Por Walter Aguirre

Socio de Aguirre Abogados y Asesores

Una de las noticias más desfavorables en torno a las consecuencias económicas de la es la relacionada a la caída de las fusiones y adquisiciones en el Perú: según el reporte más reciente de Transactional Track Record, el país presenta la caída más importante de América Latina (64%), junto a una disminución del 68% en el capital movilizado (US$521 millones).

Se trata de un hecho poco afortunado, pues la integración de empresas es un mecanismo importante para la supervivencia de los negocios. A través de una fusión o adquisición empresarial se pueden reducir costos, inyectar nuevos capitales, contar con diferentes habilidades y conocimientos, acceder a nuevos mercados, contar con más clientes, entre otros aspectos. Lo señalado se agudiza superlativamente en una etapa de crisis económica como la actual, más aún cuando las características de la misma y el entorno del demandarán la reconversión de muchos negocios para poder sobrevivir.

Por tal motivo, considero como medida extremadamente oportuna y beneficiosa el reciente Decreto Legislativo N°1510 que dispone el aplazamiento, hasta el 1ero de marzo del 2021, de la entrada en vigencia de la Ley de Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial, más conocida como Ley de Control Previo de Fusiones & Adquisiciones, la misma que busca la eficiencia económica de los mercados para el bienestar de los consumidores.

En efecto, la postergación de esta ley buscaría facilitar la realización de nuevas operaciones o la continuidad de aquellas que ya estaban en proceso. Las empresas afectadas por la coyuntura podrán encontrar oportunidades de venta, mientras que otras hallarán posibilidades de crecimiento. Pensando en este escenario, una de las modificaciones más importantes de la norma establece que, al momento de la evaluación de la operación de concentración empresarial por parte del , este tendrá que considerar la situación de crisis de las empresas involucradas, así como la necesidad de realizar la operación de concentración para efectos de la supervivencia de la empresa.

Por otra parte, desde el punto de vista regulatorio y administrativo, considero que el aplazamiento otorgará al Indecopi la oportunidad de una mejor implementación de una regulación compleja y novedosa para el país, así como para una mejor capacitación del personal que se encontrará a cargo. Adicionalmente, considerando que el Reglamento podrá publicarse hasta noviembre del presente año, se abre la posibilidad de incorporar nuevas disposiciones acorde con el desarrollo de la crisis económica como, por ejemplo, las notificaciones simplificadas para aquellos tipos de operaciones que revistan una menor probabilidad de producir efectos restrictivos de la competencia.

En conclusión, el aplazamiento hasta el próximo año del control previo de fusiones concede a los negocios una herramienta importante de supervivencia empresarial para superar el difícil escenario económico generado por el brote del COVID-19 y, al Gobierno, un instrumento más para lograr la reactivación económica del país.