¿Por qué no quieres conmigo?

Economista

Ha transcurrido un tiempo más que suficiente de la pandemia para comprobar que el Gobierno no cumple con los objetivos que se había fijado. Por lo que, tal como han hecho otros países, lo lógico sería aceptar el apoyo del sector privado.

Hay que considerar que “desde el primer día del estado de emergencia… planteamos el trabajo conjunto de los sectores privado y público a fin de encontrar soluciones rápidas y eficientes” (y no se ha concretado), manifiesta la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (Gestión 04.06.2020). Y no fue el único ofrecimiento. Por lo que resulta indispensable preguntarse ¿por qué el Gobierno no aceptó (a) trabajar con el sector privado?

En primer lugar, hay que considerar que desde el Gobierno de Humala se ha venido privilegiando la inversión pública sobre la privada. Claros ejemplos de ello son la negativa a Tía María, la Nueva Refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano. Y el Gobierno de Vizcarra decidió seguir en la misma línea. Y tiene terror que lo identifiquen como proinversión privada. Llegando al extremo de pactar secretamente con autoridades y elementos antimineros. Y según revelara el vicegobernador de Arequipa, el propósito de Vizcarra era pechar a Southern y “nos dijo que iba a suspender la licencia de Tía María”. Este claro sentimiento antiinversión privada se vio reforzado por el entonces ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien postulaba un cambio en el régimen económico de la Constitución y que el Estado retorne a la actividad empresarial en sectores “estratégicos”.

Otro impulso en la estrategia contra la empresa privada se dio con el ingreso de Víctor Zamora al Ministerio de Salud poco después de iniciada la crisis sanitaria. Zamora, ex militante del Frente Amplio, es bastante conocido en redes sociales por su posición izquierdista. Este núcleo básico se vio reforzado por el ascenso de Zeballos a la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, la crisis sanitaria les dio amplio margen para una mayor intervención estatal. Se aprobaron numerosas regulaciones y trámites.

A veces, parece que nos encontráramos centralmente planificados, se norma hasta los juegos de los niños. Y los famosos protocolos, elaborados por burócratas que en su vida deben de haber trabajado en una empresa, y con numerosas descoordinaciones entre ministerios y con los gobiernos regionales y locales. Al extremo de que para las empresas de la fase 2 se han visto en la obligación de aprobar que solo deberán presentar los protocolos sin esperar que los aprueben.

Asimismo, diversos analistas y medios, poco después de la llegada de la pandemia, iniciaron una campaña contra el modelo económico. Para complicar más las cosas, el Congreso ha aprobado una serie de iniciativas populistas, como la Ley 31018, que suspende el peaje durante la emergencia, y que favorece al gremio de transporte pesado. Lo que ha motivado que cuatro embajadores de países afectados (Australia, Canadá, Colombia y Francia) envíen una carta al presidente del Congreso manifestando su profunda preocupación ante medidas como la ley aprobada. El premier Zeballos se compra el pleito del Legislativo al mencionar que la carta no siguió el procedimiento establecido y que en Perú rige el Estado de Derecho. ¿Y el artículo 62 de la Constitución (contratos no pueden modificarse por leyes) no resultó vulnerado?; ¿qué inversionistas van a invertir si no se respetan los contratos?

Asimismo la bancada de AP ha presentado un proyecto de ley para convocar a un referéndum que decida si la Constitución debe modificarse total o parcialmente. En momentos que hay reformas mucho más urgentes. Por lo que resulta indispensable que ante el desafío de la situación actual, el Gobierno acepte colaborar con el sector privado, con la Iglesia y con los trabajadores para lograr superar la emergencia sanitaria y luego dedicarse a reactivar el país, que enfrentará la recesión más profunda luego de la guerra con Chile.