Políticas agrícolas en la pospandemia

Recientemente el Congreso realizó un pleno agrario y aprobó diversas iniciativas legislativas dirigidas a un sector que constituye una de las actividades económicas más importantes de nuestro país, no solo porque emplea a una cuarta parte de la población económicamente activa sino porque constituye una de las principales fuentes de generación de ingreso de los grupos poblacionales más vulnerables, particularmente en zonas rurales.

Por su parte, a través del FAE-Agro, el Gobierno está intentando otorgar créditos de entre 15,000 y hasta 30,000 soles a un grupo de 230,000 pequeños agricultores con parcelas de menos de 5 hectáreas. Se prevé que estos fondos, que ascienden a S/ 2 mil millones, serán canalizados a través de las empresas del sistema financiero y el Estado asumirá garantías del 98% de los créditos otorgados. Sin embargo, a la fecha, solo se ha otorgado 2% del monto previsto. La inefectividad de este programa, a la fecha, muestra que la mayor percepción de riesgo de los intermediarios financieros no solo se debe a la naturaleza estacional del agro, sino también al récord de políticas públicas fallidas adoptadas en el pasado.

Las recurrentes condonaciones de deuda, las injustificadas prórrogas de protección patrimonial, la inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad de la tierra, la adopción de regulaciones sin un análisis mínimo de impacto regulatorio y la consecuencia sobre una mayor informalidad del sector, entre otros, evidencian el déficit de políticas públicas eficaces que mejoren la competitividad del agro en un entorno internacional dominado por las distorsiones que imponen las políticas de la mayoría de nuestros socios comerciales. Ad portas del ciclo electoral, es imprescindible plantear una discusión programática seria que apuntale el potencial agrícola del país que construya sobre las bases que sustentaron la exitosa agroindustria de exportación.

El agro durante la pandemia

La continuidad de la producción agrícola durante la pandemia permitió mantener la capacidad productiva del mercado interno de alimentos, evitando que los impactos negativos de la pandemia en la población sean aún más severos. Según el INEI, aun cuando el valor bruto de la producción nacional se redujo en -16.4% en el primer semestre, el sector agropecuario fue el único que ha registrado una expansión respecto al año pasado en dicho periodo (2.4%). Por su parte, los cambios migratorios que se han dado durante la pandemia pueden terminar favoreciendo al mercado laboral en las zonas rurales. Durante los meses de marzo y abril, por lo menos, 167,000 personas residentes de áreas urbanas se inscribieron en padrones para regresar a sus regiones de origen. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Hogares, durante el segundo trimestre del 2020 la población en edad de trabajar en zonas rurales se incrementó en 1.1%, aproximadamente 100 mil personas, en contraste con la tendencia decreciente que venía experimentando desde el 2004. Este incremento de la fuerza laboral puede ser positivo, pues es probable que esta población migrante posea mejores cualificaciones que la población que ha vivido en las zonas rurales y no haya emigrado.

Sin embargo, algunos problemas también se han exacerbado durante la pandemia. Por ejemplo, existe evidencia que muestra que en el Perú los mercados de productos agrícolas son poco competitivos y que los márgenes de comercialización son crecientes, donde los comerciantes mayoristas y minoristas concentran una mayor proporción de la ganancia en comparación con el productor primario (de chacra). En ese sentido, la pandemia ha generado distorsiones en los procesos de formación de precios, reduciendo en mayor medida el margen percibido por el productor primario. Esta situación, en parte, exacerba las diferencias en la distribución de ingresos entre el campo y la ciudad y abona al caldo de cultivo del descontento, cuya expresión tiende a presionar por medidas que no solucionan los problemas de fondo.

El agro en la nueva normalidad

Es indudable que nuestro país está ingresando a una nueva etapa en la que consideraciones de salud pública tendrán un rol fundamental. La evidencia demuestra que la población con comorbilidades (obesidad, hipertensión, diabetes) constituyen los grupos más vulnerables a desarrollar complicaciones por el covid-19. Por ello, el Estado peruano debe conducir políticas públicas que promuevan la alimentación saludable en la población, considerando que, según el Instituto Nacional de Salud, solo el 10.9% de la población mayor de 15 años consume al menos cinco porciones de frutas y/o verduras al día. Estos cambios tendrán claras implicancias sobre el sector agrícola y la industria de alimentos y bebidas.

De cara a las estreches fiscales, el Ministerio de Agricultura y Riego tendrá el año entrante una menor asignación presupuestal (-44.3% del presente año) y se reducirá el espacio para la realización de programas y proyectos para el incremento de la productividad y competitividad del sector, por ejemplo, mediante proyectos para la tecnificación del riego, asistencia técnica y capacitación a productores agrarios, fondos concursables, entre otros. Lo anterior ocurrirá en un entorno en el que persiste la necesidad de encarar los problemas estructurales que enfrentan los agricultores en términos de eficiencia de uso de agua para riego, crecientes problemas de desertificación y salinización, inseguridad sobre la propiedad de la tierra y el bajo uso de tecnologías.

Estamos pues ante un contexto que obliga a replantear una agenda de políticas agrícolas y sectoriales, tomando en cuenta lo que vienen haciendo otros países y construyendo sobre nuestras ventajas competitivas (clima y apertura comercial), de cara a los desafíos futuros que las próximas autoridades tendrán que encarar.