Los titulares de los diarios nos traen retazos de una misma noticia: el sector público corre el riesgo de caer en una situación de paralización sistémica, a la espera de que se resuelva la profunda crisis de credibilidad de la administración del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Aquí no hay exageración ni hipérbole. A los retrasos en la ejecución de la gran obra pública –llámese Reconstrucción con Cambios o Juegos Panamericanos– se unen “otras demoras”, algunas maximalistas –como esperar casi la hora nona para ver qué hacer con el Decreto de Urgencia N° 003 antes de que este expire en plena celebración de San Valentín o empujar “para el próximo trimestre” o el próximo año sendos proyectos de inversión anunciados y vueltos a retrasar en el sitio web de ProInversión–hasta otras demoras aparentemente nimias, pero indicativas del marasmo en el que se mueve hoy la actividad pública.
Hace unos días, en Twitter, alguien se preguntaba ¿cómo así el Estado pagaría US$ 7,200 por un pasaje de avión a Madrid para que el viceministro de Transportes y Comunicaciones asistiera a un evento al que había sido invitado con semanas de anticipación? ¿No constituye eso prueba de indolencia y mal uso de los recursos públicos, ya que con un poquito, apenas un poquito de anticipación el mismo pasaje de avión habría costado menos de la mitad? Pues la verdad, sí y no. Es indicativo de una deficiente programación presupuestal, excesiva burocracia, pero sobre todo, de una administración del Estado temerosa de tomar decisiones que puedan soliviantar a la opinión pública como, por ejemplo, autorizar un viaje al extranjero –y cuando finalmente este se autoriza, es de último momento y, por ende, al mayor costo–.
Algo similar ocurre con otros grandes temas del quehacer nacional que involucran o deberían involucrar la toma de decisiones corajudas –producto de la negociación, ya sea por persuasión moral, o estrategia pura y dura– como la señalada líneas arriba en relación al Decreto de Urgencia N° 003 y la posición de las empresas constructoras consorciadas con empresas declaradamente corruptas –como Odebrecht– o como la frustrada negociación con Kuntur Wasi por el tema Chinchero.
En el primer caso, el Ejecutivo opta por la procrastinación y la “repartición de responsabilidades” (“una responsabilidad compartida tanto por el Ejecutivo como por el Congreso”, en palabras de la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper) y en el segundo caso, por provocar –mediante la resolución unilateral del contrato– que la decisión la tome finalmente “un tercero”, sin costo o riesgo político inmediato para el ministro o el Gobierno como un todo. En este caso, el tercero llamado a tomar la decisión, como en tantos otros casos, es el Ciadi, la institución dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.
En los casos brevemente reseñados se corre el riesgo del “mayor costo” para el Estado, ya sea al debilitar sus posibilidades de una compensación justa y efectiva por el daño causado por los años de defraudación sistemáticas en la ejecución de obras públicas (Odebrecht y asociadas) o ante la posibilidad de tener que pagar una compensación mayor a la que se podría haber obtenido con una negociación dura, pero justa, bilateral con la empresa, por más que el ministro nos diga que “el MTC va al Ciadi con una posición absolutamente robusta”.
Lo más grave de todo este conjunto de “decisiones” –grandes y pequeñas– que en la práctica constituyen o “decisiones forzadas por las circunstancias”, o “decisiones orientadas por la conveniencia y el temor a enfrentar la crítica ya sea de la oposición política o de la opinión pública” es que son el fiel testimonio de la falta de liderazgo que caracteriza a la administración del presidente Kuczynski y que permea a todos los estamentos de la administración pública. He allí el riesgo mayor de la inacción.
