“No me ayudes, compadre”

Una demanda particularmente importante es lograr que –ante la contracción de la actividad económica del país–, el Plan de Reactivación Económica, implementado desde inicios de mayo, muestre resultados más auspiciosos y rápidos.

Frente a ello, un lugar común es responsabilizar únicamente al Gobierno nacional por los resultados. ¿Pero y qué de los otros niveles de gobierno? ¿Qué nivel colaborativo tienen? ¿Ayudan u obstaculizan?

El mencionado plan consta de cuatro fases. La primera comenzó con 27 actividades autorizadas desde hace un mes, comprendiendo actividades en los sectores minería, industria, construcción, servicios, turismo y comercio. En teoría, el MEF esperaba, luego de la primera fase, lograr que la economía llegue a operar en un 70%. Al no haberse alcanzado aún esta meta, existirían diversos factores explicativos.

Uno de los más referidos es la existencia de procesos burocráticos extensos y traslapados. Algunos de los cuales ya existían antes de esta primera fase. Es así que para reiniciar operaciones, cada empresa deberá cumplir con estrictos protocolos sanitarios tanto del Ministerio de Salud como de los sectores. En el caso de estos últimos, por ejemplo, los protocolos para restaurantes al principio establecían exhaustivos requisitos que quizás con suerte el Maxim’s de París podría cumplirlos; exigencias rigurosas bajo la peregrina idea de que la mayor cantidad y rigurosidad en los protocolos posibilitaría lograr ampliar la formalización en estos negocios, cuando más bien, opuestamente, se promovería más informalidad, por la imposibilidad de cumplimiento por el plazo corto y mayor costo de implementación de los requisitos implicados.

Afortunadamente, Produce (el sector a cargo) flexibilizó en algo estos requisitos. De todas formas, nuevos procesos surgieron en este contexto, como la obligación de que cada empresa deberá elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo”, y registrarlo en el sistema integrado para covid-19 (Sicovid-19) del Minsa.

Y a todo eso, ¿los gobiernos regionales han desarrollado alguna iniciativa para agilizar la parte operativa del plan? Mi impresión es que casi todos se han puesto de perfil, a pesar de que varias direcciones sectoriales dependen de estos. No ayudan, pero al menos no estorban.

No se puede decir lo mismo de no pocas municipalidades, las cuales, vía ordenanzas, originan mayores costos e ineficiencias –incluso a veces invadiendo fueros sectoriales–, complicando así la permanencia de algunos brotes verdes, indicativos de reactivación de pequeños emprendimientos.

Estos obstáculos nuevos son de distinto tipo. Desde cerrar con vallas una cuadra antes de la Plaza de Armas de Lima, ahogando económicamente a los pequeños negocios enclaustrados por estas; hasta el establecimiento de medidas de prevención para el contagio del covid-19, cuando estas corresponden al ámbito del Gobierno nacional.

Un ejemplo de interferencia es el caso de la composición de los desinfectantes a usar. Si bien el Minsa no lo determina específicamente, sí lo hacen otros ministerios mediante protocolos sectoriales; pero resulta que ahora algunas municipalidades también definen discrecionalmente esta composición, siendo claro que esta diversidad normativa va en contrasentido a la eficiencia, ¿Son estas normas sanitarias legales? O se busca más bien recaudar -precautoriamente- más vía multas, pensando en las épocas de vacas flacas por venir, dado que previsiblemente habrá una menor recaudación derivada de la entrada en recesión económica este año.

A manera de conclusión frente al entusiasmo regulatorio de varias municipalidades, se les podría decir: “No me ayudes, compadre”