Servicio Civil: servir a los ciudadanos, no a uno mismo

Uno de los desafortunados resultados que nos dejan los primeros cien días de gobierno es el rosario de nombramientos de personas no idóneas en diferentes cargos en varias instituciones del gobierno central. Solo en la primera semana de gobierno se identificaron hasta 26 nombramientos a personas con serios cuestionamientos y esa tendencia se ha mantenido en los meses posteriores. Ejemplos recientes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el irregular proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas son los últimos de una tristemente larga lista, que refleja que no se estaría considerando el interés superior de todos los ciudadanos al momento de hacer las designaciones de funcionarios y servidores públicos.

El gobierno iniciaba con una base de servidores y funcionarios públicos que tenían una serie de falencias, el 2019 la Contraloría reportó que alrededor de un tercio de funcionarios públicos designados en cargos de confianza no cumplían con los requisitos mínimos, y en lo que va del 2021, la Contraloría reporta 3,547 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional que tienen algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa. Empeorando el panorama, 19 de los 25 gobernadores regionales están siendo investigados por los delitos de colusión, peculado, cohecho y corrupción.

Esta situación afecta directamente a todos los ciudadanos. Diferentes medidas internacionales concluyen que la capacidad del estado y la calidad de los servicios públicos en el Perú se ha mantenido relativamente constante o incluso ha empeorado en algunos aspectos en los últimos 15 años, así, por ejemplo, según el Banco Mundial al 2010 estábamos en el percentil 48 del mundo en “Eficacia del Estado” mientras que el 2020 caímos al percentil 42 (en el percentil 100 están los mejores países). En la misma línea, la satisfacción de la población peruana sobre los servicios de educación pública, salud pública y carreteras es menor que la mediana de América del Sur y empeoró entre el 2018 y 2019, según información del Barómetro de las Américas (Lapop), sistematizada por el CPC.

¿Cómo salimos de esta situación? Lo primero es que el gobierno actual debe empezar a poner primero a los ciudadanos en su toma de decisiones, nombrando a las personas más idóneas, con las competencias, experiencia y ética necesaria para poder ejecutar sus encargos. Sin este requisito, es imposible dar mejor educación, protección social, más salud, saneamiento y vivienda a todos los peruanos.

Lo que sigue es una agenda más compleja de fortalecimiento del servicio civil, que debe ser liderada por Servir y recibir los recursos presupuestales que permitan que se ejecute rápidamente. IPAE y el CPC recientemente recopilaron recomendaciones puntuales en esta línea, entre las que destacan: impedir nombramientos y ascensos automáticos; garantizar que los ingresos sean siempre por concurso; cambiar la Ley del Servicio Civil e incorporar la figura de nombramientos regulados que no sean a tiempo indeterminado y estén sujetos a permanentes evaluaciones; priorizar sectores e instituciones (como los vinculados a salud y a los megaproyectos de inversión para la reactivación) para aplicar un régimen especial; y regular la negociación colectiva: no pueden primar intereses particulares a los intereses de todos los ciudadanos.

El tiempo para salir adelante es corto. La pandemia nos dejará una serie de secuelas de largo plazo aún difíciles de prever, y la población necesita ver mejoras urgentes: el 2020, según el Latinobarómetro, Perú es el segundo país de América Latina con menos satisfacción con la democracia: solo 11% de nuestra población está satisfecha con la democracia.

En la amplia agenda de reformas pendientes en el país, la del servicio civil y lucha contra la corrupción son de las más importantes que tenemos al frente. No pueden continuar los nombramientos y designaciones que no ponen al ciudadano y al país primero.