Por Hernán Pajuelo, asociado senior del Estudio Muñiz
A raíz de la crisis que se está viviendo actualmente producto de la pandemia del COVID 19, resulta necesario buscar mejoras en el sistema corporativo que permitan que el mercado peruano sea más atractivo para los inversionistas extranjeros.
Es así que podría ser de utilidad analizar las experiencias de otros países en su camino para generar un marco atractivo para las inversiones. Una de las experiencias más recientes y cercana al Perú, es el proceso que llevó a cabo Colombia en el marco de su proceso de incorporación a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y que tiene como sus fines principales la máxima expansión posible de la economía y del empleo y aumentar el nivel de vida en los países miembros.
Como parte del proceso de incorporación, Colombia inició un proceso de homologación que se plasmó en profundas reformas, siendo que, entre otras reformas relevantes, se debió modificar y mejorar la competitividad con la finalidad de generar un ambiente favorable para las inversiones. Esas reformas involucraron cambios a las normas vinculadas al gobierno corporativo y a su correcta y eficaz aplicación.
Es así que Colombia ejecutó varias mejoras en sus leyes bajo estándares internacionales recogiendo las mejores prácticas respecto, entre otros puntos, a responsabilidad civil y penal de los administradores de las sociedades, prácticas anticorrupción, conformación de directorios, transparencia de la información, protección de los accionistas minoritarios, fortalecimiento de la entidad supervisora de las sociedades, incorporación de la sociedad simplificada por acciones y para el caso de esta última, la creación de un tribunal especializado con capacidad técnica para resolver las disputas empresariales.
Probablemente, una de las modificaciones más importantes fue la incorporación de la sociedad simplificada por acciones y de la mano con ello, la creación de un tribunal especializado, toda vez que en un mercado como el colombiano, en el que la mayoría de las sociedades se encuentran fuera del mercado de valores y bajo una estructura de capital concentrado, era necesario contar con un modelo societario que se ajuste a esa realidad y que le permita a los actores del mercado tener la posibilidad de fijar las condiciones de gestión, con la certeza de que dichas condiciones serán respetadas y, en todo caso, correctamente aplicadas por un tribunal altamente especializado y eficaz.
Si bien dicha modificación tan solo podría parecer un cambio más en el sistema, en realidad ese cambio generó un drástico giro en el entorno empresarial colombiano, ya que la seguridad jurídica que transmite contar con leyes adecuadas y un órgano especializado y eficaz en materia empresarial, sentaron las bases para un escenario óptimo de negocios e inversiones, lo cual ha sido muy valorado por los inversionistas extranjeros.
Ahora bien, como se indicó al principio, el Perú necesita generar un ambiente favorable a las inversiones y es en virtud de ello que ya se han ejecutado algunas reformas, las cuales si son enumeradas podrían tener cierto nivel de semejanza con las reformas llevadas a cabo por Colombia, sin embargo, hay un punto que es sumamente relevante en el marco de la competitividad y confianza del inversionista en el que el Perú aún no ha podido encontrar una solución.
Este tiene que ver con la confianza y eficacia en la aplicación de las leyes, todo ello debido a que el sistema de administración de justicia en el Perú es sumamente deficiente y en muchos casos ineficaz. En vista de lo señalado y tomando en cuenta que la realidad corporativa peruana es muy similar a la realidad corporativa colombiana (guardando las distancias), respecto a que la mayoría de sociedades se encuentran fuera del mercado de valores y tienen un capital concentrado, tal vez podría ser una interesante alternativa analizar la experiencia colombiana y revisar si algunas de sus reformas podrían ser aplicadas en el Perú.
En concreto, se podría analizar la viabilidad de implementar un tribunal autónomo y especializado en materia empresarial que sea ajeno al sistema tradicional de administración de justicia, el mismo que permitiría a todos los actores del mercado empresarial (incluidos los inversionistas extranjeros) tener la seguridad de que en caso surja algún tipo de incumplimiento de las obligaciones establecidas o cualquier tipo de abuso, se contaría con un órgano con la suficiente especialización, eficiencia y eficacia para emitir una resolución adecuada y en plazos razonables en beneficio del buen funcionamiento del sistema empresarial. Todo ello permitiría que el sistema empresarial peruano funcione de manera más eficiente y confiable, lo cual derivaría en un escenario de mayor confianza del inversionista para desarrollar actividad empresarial en el Perú.
En base a lo señalado, la experiencia colombiana en materia corporativa (en el marco de su proceso de incorporación a la OCDE) podría ser usada como referencia para las mejoras que el sistema corporativo peruano necesita para atraer inversionistas extranjeros y con ello emprender el camino para superar la crisis actual, toda vez que la experiencia colombiana ha demostrado que las mejoras a su sistema corporativo resultaron ser una de los más eficaces herramientas para generar un escenario favorable de inversiones.