Mejorando los G2G

El nuevo gobierno tendrá como tareas urgentes controlar la pandemia por la COVID-19, mejorar los servicios de salud y reactivar la economía, por lo que es indispensable mejorar la capacidad del Estado para dotar al país de una infraestructura adecuada.

Ello supone reformar la Ley de Contrataciones del Estado, la regulación de las obras por administración directa, así como alcanzar el óptimo aprovechamiento de diversas modalidades para desarrollar infraestructura, mejorando la gobernanza y los marcos regulatorios de mecanismos como Obras por Impuestos, Asociaciones Público Privadas, y los Convenios de Gobierno a Gobierno (G2G), para hacerlos más transparentes y fiscalmente sostenibles. Todos son valiosos modelos alternativos a la obra pública directa que suplen la incapacidad de gestión y ejecución del Estado pero que requieren mejoras.

El Estado ostenta una falta de ejecución de aproximadamente S/ 18 mil millones anuales en inversiones. Como respuesta a esta debilidad, en los últimos años los gobiernos optaron porque la gran infraestructura se concrete mediante la suscripción de Convenios de Gobierno a Gobierno, impulsados por los buenos resultados obtenidos en los Juegos Panamericanos implementados a través de un G2G con el Reino Unido.

Estos mecanismos permiten desarrollar infraestructura pública con financiamiento del Tesoro de manera directa e inmediata y para ello se contrata la asistencia técnica con personal altamente calificado, se gestionan los procesos de contratación de las obras bajo estándares contractuales internacionales, esto es, prescindiendo de la Ley de Contrataciones, así como la transferencia de conocimientos para mejorar las capacidades de la contraparte pública peruana.

A la fecha existen convenios vigentes con Corea del Sur para el aeropuerto de Chinchero; con Francia, para los hospitales Lorena del Cusco y Sergio Bernales de Lima; y con el Reino Unido, para la Reconstrucción con Cambios. En las próximas semanas sería suscrito un convenio con Francia para la nueva Carretera Central y la vía expresa “Santa Rosa” en el Callao, y dos más están gestionándose para las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, y otros tantos para educación y saneamiento.

El convenio para los Juegos Panamericanos significó un costo de 76 millones de dólares por dos años y la inversión en la obra fue de US$ 1,248 millones; US$ 157 millones están destinados al convenio con el Reino Unido para la Reconstrucción con Cambios, cuya inversión se estima en US$1,430 millones. Otros US$ 30 millones al convenio con Corea del Sur para el aeropuerto de Chinchero que se estima costará US$ 663 millones. Y está también el convenio por 19 millones de dólares con Francia que vence en junio de 2023 para los hospitales donde se invertiría US$ 375 millones.

El esfuerzo fiscal para disponer de los recursos que financien esta modalidad de obras en los próximos años será muy grande, sobre todo los concernientes a obras viales como la carretera central y que tendrán un costo aproximado de US$ 3,376 millones, así como las líneas 3 y 4 del Metro de Lima por US$ 9,800 millones. Como parte de nuestras atribuciones, desde la Contraloría hemos recomendado a la PCM y a los titulares de las carteras responsables que, sin perjuicio de los servicios de control que se deriven, previamente a la suscripción de convenios que comprometan importantes recursos de los contribuyentes se haga un análisis completo de la sostenibilidad fiscal respecto del alcance, tiempo y costo de los proyectos, para garantizar el adecuado uso de los bienes y recursos futuros. No se trata de observar obras de significativa importancia, sino de que los responsables garanticen y comprometan su financiamiento para así concretarlas con efectividad y sin retrasos.

Asimismo, resulta conveniente mencionar otro factor importante que debe ser parte del análisis para el logro de los objetivos. A la fecha, en función de los resultados de los 17 informes de control concurrente elaborados por la Contraloría, los tres G2G vigentes (con Corea del Sur, Francia y Reino Unido) están retrasados por razones atribuibles al Estado peruano por la falta de presentación oportuna de los estudios técnicos. Esto podría acarrear mayores costos al Estado por ampliación de los plazos y dilataría por ineficiencia la obtención oportuna de sus beneficios.

Pareciera entonces que, sin perjuicio de las ventajas que ofrece este mecanismo, es indispensable que el nuevo gobierno, aprendiendo de la experiencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, establezca con mejor análisis en qué casos suscribir este tipo de convenios para generar valor público; que afine el diseño de los G2G para lograr las mayores ventajas posibles; ejerza una mejor supervisión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones locales; gestione adecuadamente los riesgos en la ejecución de los compromisos asumidos estatalmente y asegure una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura.