Manejo de riesgos sanitarios para la reactivación

Exministro de Economía

Tras cerca de 50 días de cuarentena por el Covid-19, el Gobierno ha dispuesto la gradual normalización de la actividad productiva. Según estimaciones oficiales, la paralización de 55% de la economía ha generado una pérdida acumulada de 6.8% del PBI y cada día laborable de cuarentena ha tenido un costo de $300 millones con un gran impacto adverso sobre millones de trabajadores.

La normalización de las actividades no esenciales se hará gradualmente en cuatro fases en función del estricto cumplimiento de protocolos sanitarios. Esto es crucial dado que la pandemia aún no logra controlarse y la capacidad hospitalaria se encuentra rebasada.

Mientras no haya una vacuna disponible persistirá el riesgo de rebrotes, especialmente en sectores informales de la economía, y es evidente que el costo de una nueva cuarentena sería enorme tanto en términos económicos como sociales. Para minimizar estos riesgos se deberá replantear la manera usual como interactúan el Estado, las empresas y los trabajadores.

Sectores primarios, construcción y algunos servicios se reinician.

El Gobierno ha publicado un decreto supremo autorizando la reanudación de 27 actividades a partir de la primera semana laborable de mayo. Estas comprenden a los sectores de minería e industria, construcción, servicios y comercio electrónico. Todas estas actividades deberán cumplir estrictos protocolos sanitarios y han sido escogidas en función de su provisión de insumos necesarios para el desenvolvimiento de los sectores esenciales y de su impacto sobre la actividad económica.

En este sentido, la reapertura del sector de la construcción, que comprende los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y aquellos de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, entre otros, es clave para mitigar la severa contracción de ese sector prevista para este año.

Por su parte, si bien se ha permitido la reapertura del servicio de restaurantes para entrega en domicilio, no se ha autorizado el inicio de las plataformas digitales de intermediación por la exigencia de que estas empresas pongan en planilla a su flota de conductores, requerimiento que poco tiene que ver con exigencias sanitarias. No obstante, el proceso de reanudación estará en constante proceso de evaluación y gradualmente se irán sumando otras actividades dejando para el final aquellas que congreguen un mayor aforo de personas. Es crucial que este proceso se realice de la manera más ordenada posible, evitando el caos y el descontrol.

Equilibrio entre salud y economía: Adecuación a la nueva normalidad sanitaria.

Se torna indispensable la adecuación a una nueva realidad donde el cumplimiento de nuevos estándares sanitarios tendrá un rol clave sobre toda la actividad económica, y que alterará el tipo de relacionamiento que existe entre el Estado, la empresa y los trabajadores. Esta nueva realidad afectará de manera transversal a toda la economía desde la gran minería hasta las micro y pequeñas empresas y sus cadenas productivas.

Es importante que el Gobierno plasme estas regulaciones de manera técnica con un sentido de proporcionalidad, por un lado, y que el empresariado no las vea como sobrecostos laborales implementando los cambios que sean necesarios, sin buscar atajos, por el otro. La responsabilidad principal recaerá sobre las propias empresas que son las que mejor conocen las particularidades de su cadena productiva. Esto les permitirá una mejor gestión de los riesgos sanitarios que tendrán que encarar.

Por su parte, el Gobierno tendrá que fiscalizar el adecuado cumplimiento de estos estándares, por lo que la Sunafil, las autoridades sanitarias y los gobiernos locales tendrán que ser fortalecidos para asumir esta competencia.

El desafío de fiscalizar a las actividades informales.

El gran desafío que enfrentarán las autoridades será controlar las actividades informales que emplean cerca del 70% de la población económicamente activa y aportan el 20% del PBI. Asimismo, se tendrán que tomar previsiones adicionales sobre los modos de transporte que utilizan cientos de miles de trabajadores, siendo que la mayoría usa medios informales. Es previsible que, por necesidad, muchos negocios y trabajadores informales desafíen a las autoridades y opten por reanudar sus actividades luego de este largo periodo de cuarentena.

“El gran desafío que enfrentarán las autoridades será controlar las actividades informales que emplean cerca del 70% de la población económicamente activa y aportan el 20% del PBI”.

Al delicado equilibrio entre salud y economía se le sumará la necesidad de imponer el orden y evitar aglomeraciones que dificulten la labor fiscalizadora de las autoridades. Sin caer en excesos que puedan conllevar a una mayor convulsión social, las fuerzas policiales tendrán que asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social, que seguramente con variantes persistirán en los próximos meses, y controlar que las actividades informales no minen la contención de la pandemia.

La lucha contra el coronavirus y sus graves secuelas económicas no tiene precedentes y no hay regulaciones previas que presenten un derrotero seguro a seguir. Lo cierto es que esta situación obliga a repensar la manera que interactúan los agentes económicos y sociales. La gradualidad y la flexibilidad para revisar decisiones en el camino permitirán una reactivación que no tenga que ser interrumpida abruptamente en el futuro. El país tiene que adecuarse para que el Covid-19 y la economía convivan por un largo periodo. Con esta finalidad, y en el más breve plazo, se requiere un nuevo entendimiento que genere mayor confianza entre el sector público y privado que les permita retomar una economía y ciudadanía sana de la manera más ordenada posible.