Retorno al pasado con la “nueva” política agrícola

Acortar la brecha urbano-rural sigue siendo un desafío fundamental que debe ser abordado por las autoridades. Sin embargo, el nuevo discurso oficialista tiene un marcado sesgo en contra de la agricultura moderna empresarial a la que le achacan el acaparamiento de las tierras productivas y que han vivido del “rentismo” proveniente de los beneficios laborales y tributarios otorgados por la derogada Ley de Promoción Agraria. Esta visión, no obstante, minimiza el aporte de esta actividad al país a través de la generación de divisas, empleo formal, mayores salarios y tributos para el fisco. De hecho, entre el 2004 y el 2019 la productividad laboral del sector agropecuario creció a una tasa promedio de 4.2%, superior al 1.8% registrado en las otras actividades económicas. Esto contribuyó a que el salario promedio en el sector se incremente en 42.1% en dicho periodo. Además, el incremento de las exportaciones agropecuarias no tradicionales, que se multiplicaron por diez, generó alrededor de 100 mil puestos de trabajo formales por año.

Reabriendo viejas heridas históricas y lejos de calmar los temores fundados que sienten los inversionistas, el Gobierno promociona una “segunda reforma agraria” como la solución a la pobreza rural y las brechas que existen entre la agricultura moderna de los valles costeños y la actividad productiva de subsistencia que persiste en la sierra y selva de nuestro país. Recordemos que la “primera” reforma agraria marcó un punto de inflexión en el desarrollo productivo del Perú. Entre 1970 y 1980 la producción de los principales 13 cultivos del país se redujo en 18%; mientras que entre 1960 y 1970 la contribución de la productividad al crecimiento del PBI agropecuario fue 66.5%, la siguiente década pasó a ser -65%, principalmente por la falta de inversión y rezago tecnológico. Asimismo, nuestro país pasó a ser deficitario en producción de alimentos hasta 1979, aumentó la inseguridad alimentaria.

Esta “segunda reforma agraria” pretende al menos dos cambios estructurales: i) hacer de la agricultura familiar un sustituto a la agricultura moderna de exportación a través de mayores subsidios, crédito blando, programas de asistencia técnica, cooperativismo; y ii) limitar el comercio internacional, reponiendo los aranceles ad valorem y medidas para arancelarias, enarbolando banderas de “soberanía alimentaria” con el objetivo de librar al país de competencia desleal externa que tiende a privar al agricultor nacional de un precio justo por su producción, primando una visión autárquica como modelo de desarrollo. El problema central de estos postulados es que no hay país alguno que haya logrado desarrollarse aplicando estas políticas.

Más específicamente, el Gobierno aspira a la democratización de la tenencia de la tierra a través de la titulación individual y comunal. Si bien teóricamente la propiedad de un activo como la tierra tendería a viabilizar un mayor financiamiento, uno de los principales cuellos de botella en la mayoría de los emprendimientos agrícolas, existe evidencia empírica que muestra que la titulación por sí sola no constituye una condición suficiente para acceder a crédito formal. La intención de acompañar esta intervención con financiamiento a través del Agrobanco tampoco garantiza que se mejore la productividad en el uso de la tierra y la generación de ingresos para los agricultores.

Por su parte, la intención de establecer límites a la gran propiedad de la tierra dependerá de que el Congreso apruebe una ley, que no podría aplicarse retroactivamente. Sin embargo, es probable que el Gobierno se vea tentado de renegociar los contratos de concesión de los proyectos de irrigación de la costa para priorizar la asignación de las nuevas hectáreas irrigadas a los minifundios en desmedro de la agroindustria de exportación, que requiere una escala mínima para operar. Este cambio representaría una oportunidad perdida para más de 70 mil hectáreas de tierras irrigadas.

En materia comercial, el Perú tiene vigente desde el 2001 un sistema de franja de precios que busca mantener estable el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional, como es el caso del arroz, maíz amarillo, azúcar y leche en polvo. Este mecanismo posee una tasa de protección efectiva, esto es el cambio en el valor agregado respecto de una situación de libre comercio, de entre 30% y 40%. Restituir los aranceles no solo afectarán a los responsables de realizar la actividad de importación, sino también al consumidor final, ya que estos aranceles se traducen de forma directa en precios más altos. En la actual coyuntura de alza de precios de insumos importados resulta totalmente contraproducente aplicar estas medidas que acabarían perjudicando a los segmentos más vulnerables de la población. Los recientes intentos de aplicar controles de precios a través de cambios constitucionales solo suman zozobra y agudizan la desconfianza empresarial que se ciñe sobre nuestro país.

En lugar de intentar aplicar medidas distorsionantes y antitécnicas, el Gobierno debería enfocarse en lograr una mayor asociatividad en el sector agropecuario nacional, enfocada a mejorar la competitividad en el mercado. Esta debiera intentar lograr economías de escala para reducir el costo de las compras de insumos, establecer colaterales solidarios, mejorar la adopción tecnológica y ampliar las oportunidades de mercado. Experiencias por replicarse son las cooperativas con una visión moderna que han surgido en torno al café y el cacao. Además, se puede lograr una mayor asociatividad a través de la agricultura por contrato que mejore la cadena de proveedores entre pequeños agricultores y empresas agroindustriales. La intervención estatal debe seguir la lógica de programas como Agroideas, que financia planes de negocios con el objetivo de elevar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios. Este tipo de intervenciones tendría un mayor impacto que revivir prácticas fallidas aplicadas en el pasado que solo pueden condenar al país al retroceso.