Próximo gobierno sin tregua

El país sigue en vilo hasta que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva el destino de los más de 300,000 votos que están en juego. Las acusaciones de fraude y los llamados a defender el voto, de lado y lado, hacen prever que la culminación de los comicios no estará exenta de confrontación en un ambiente marcado por la incertidumbre y los fundados temores de los mercados. La elevada inestabilidad cambiaria (pese a la intervención del BCR) y las pérdidas bursátiles ante los apretados resultados electorales han obligado a los técnicos de Perú Libre a poner paños fríos respecto de los elementos más disruptivos de su plan de gobierno, desdiciendo mucho de lo anunciado por su líder durante la campaña.

De confirmarse la elección de Pedro Castillo, toda la atención en el corto plazo estará centrada en la designación de los principales cargos para darle credibilidad a los anuncios de moderación. Hace una década, los nombramientos del entonces presidente electo claramente surtieron efecto al descartarse un manejo heterodoxo de la economía. Esta ocasión es distinta por que la izquierda rechaza reeditar una versión de la hoja de ruta y las bases partidarias de Perú Libre son mucho más radicales y rupturistas que en el pasado. La situación del país ahora es muy distinta. El contexto pospandémico es uno de mayor precariedad social, polarización, radicalismo y rechazo del statu quo.

Sin embargo, es inevitable que algo de pragmatismo se imponga por las enormes complejidades de gobernar un país como el Perú, incluyendo lidiar con los focos de conflictividad social y las múltiples contingencias que atender. Además, hay un número significativo de puestos de confianza que tendrán que ser llenados y el consiguiente proceso de aprendizaje tomará algún tiempo. El hecho que un gran segmento de la población esté urgido de soluciones inmediatas y con expectativas al tope hacen prever que el próximo gobierno no tendrá tregua alguna. Al margen de quien gane las elecciones, el mayor riesgo es que se dé una mayor convulsión social, especialmente en las regiones que votaron abrumadoramente a favor del cambio radical, con una administración pública en transición e inexperta.

En las seis semanas que restan hasta el 28 de julio, además de la puesta en marcha de las comisiones de transferencia, hay dos frentes que no se pueden soslayar y exigirán la atención prioritaria del próximo gobernante: el legado del Congreso saliente y la probabilidad de una tercera ola de la pandemia.

El Parlamento saliente no solo deja un legado de leyes inconstitucionales por contener iniciativa de gasto (4% del PBI según el Consejo Fiscal), sino que también ha introducido regulaciones distorsionantes y ha debilitado el sistema de pensiones. Es probable que el Tribunal Constitucional, que está en proceso de dirimir la constitucionalidad de muchas leyes, cambie su conformación antes que termine la legislatura. Además, se esperaría un festival de nuevas leyes durante el periodo de “pato rengo” entre la segunda vuelta y la toma de mando que ha sido tradicionalmente aprovechado por el Congreso para culminar su agenda legislativa. Hay 1,072 proyectos de ley o dictámenes en la Comisión de Economía y más de mil en la Comisión de Constitución pendientes de aprobación. El incentivo a aprobar leyes estaría agravado por la renovación total de los legisladores, situación que ciertamente dejará significativas contingencias al nuevo Ejecutivo.

El activismo legislativo se aprecia también en la decisión de aprobar cambios constitucionales de manera apresurada en la cuarta legislatura a punto de empezar. Por un lado, resulta evidente la intención de limitar las cuestiones de confianza a futuro (y reducir el riesgo de futuras disoluciones del Parlamento); por el otro, el deseo de modificar la Carta Magna para habilitar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. En cualquier caso, la legitimidad de cambios tan trascendentales para poner “candados” o “generar válvulas de escape” introduciría precedentes delicados. Las decisiones que tome el Parlamento darán pie a las negociaciones políticas que pronto vendrán para la conformación de una nueva mesa directiva y las coaliciones que se logren armar. Estas negociaciones políticas determinarán en gran medida la estabilidad política del país.

De otro lado, es altamente probable que en las próximas 6 semanas tengamos una tercera ola de la pandemia. El período fue más corto entre el pico de la segunda y tercera ola en países como Alemania y el Reino Unido y, a diferencia del Perú, ya tenían una tasa de vacunación superior al 30%. Los mítines de segunda vuelta y las aglomeraciones (especialmente en Arequipa, Cusco y Puno), la potencial entrada de nuevas variantes y el riesgo de discontinuidad en el plan de vacunación nacional con el nuevo gobierno, alimentan la probabilidad de una nueva ola, cuya contención tendrá necesariamente que ser una prioridad para las nuevas autoridades.

Materializar los cambios prometidos por el gobierno entrante no solo requiere de acuerdos mínimos con el nuevo Congreso, sino que su margen de acción (al menos inicialmente) estará condicionado por la primacía de la realidad, al tener que confrontar con un periodo de transición que probablemente no esté exento de urgencias. Lo más razonable será que se prioricen los cambios que logren los mayores consensos políticos y no insistir con recetas improvisadas sin medir bien las consecuencias que podrían traer. La población exige empleo y vacunación rápida y efectiva; no promesas que desatiendan su bienestar.