Los retos laborales: empleo y protección social

Luego de 4 meses de iniciada la emergencia por el COVID–19, todavía no vemos una luz al final del túnel. La curva de contagios se incrementa y la economía y el empleo están seriamente afectados. Intentaremos hacer un breve balance en materia laboral, con el objetivo de aportar en una agenda para la nueva gestión, que no la tiene nada fácil.

La crisis ha desnudado la falta de un sistema de protección social para la gran mayoría de trabajadores. Pese al sostenido crecimiento, carecemos de un sistema de salud y de pensiones decente. En salud, si comparamos nuestra capacidad de respuesta a la pandemia con los países vecinos (medido en número de hospitales, camas, salas UCI, respiradores, etc), quedamos muy mal parados. Tenemos un sistema disperso donde Essalud, el Minsa, las fuerzas armadas y policiales, el SIS y las clínicas, van cada uno por su lado y no se complementan.

Hay que reconocer que hubo en el pasado esfuerzos importantes e incluso una importante reforma, pero lamentablemente los cambios de autoridades no permitieron continuidad. Lo mismo en el sistema de pensiones, carecemos de un sistema integrado. Tanto Pensión 65, las AFP como la ONP, van por su lado con lógicas distintas, sin complementarse. Por suerte, una reforma está en marcha.

Esto merece un amplio debate y dejar al próximo gobierno las mejores decisiones. Similar desprotección la tienen los trabajadores formales de las microempresas. A diferencia de los trabajadores de las pequeñas empresas o del régimen general (mediana y gran empresa), estos trabajadores no cuentan con CTS ni previsión social alguna. Han sido los más desprotegidos. No debería extendérseles todos los derechos laborales, pero alguna protección debería tener.

La crisis ha puesto en evidencia también la grave informalidad laboral. En algún momento, fue el gran “colchón social” que evitó desbordes sociales, pero ahora es el gran drama nacional.

Trabajadores sin cuentas de ahorro para depositar sus bonos, totalmente invisibles, fuera de todo registro. Los resultados de cualquier gestión deberían medirse en cuánto reducimos la informalidad. Si tan solo pudiéramos lograr que los derechos básicos se cumplan, es decir, que los trabajadores dependientes estén todos en planillas, perciban como mínimo la RMV, tuvieran prestaciones de salud, pensiones, vacaciones, jornada de 8 horas y pago de horas extras. Si solo se cumpliera ello, ya sería un avance notable.

Por otro lado, tenemos el desafío de avanzar más en promover el empleo, especialmente de los más jóvenes. Temas como la formación laboral, la calificación para el trabajo, el encuentro entre oferta y demanda, así como una mejora de los programas de empleo, deben ser prioritarios. Un gran reto de la nueva gestión es ejecutar mejor el programa “Trabaja Perú”, para generar más de 260,000 empleos hasta fin de año. El MTPE tiene probada experiencia y no puede fallar.

Como se observa, los retos del MTPE no están sólo en destrabar la suspensión perfecta, el trabajo remoto, o un mayor fortalecimiento de la Sunafil, temas las que hubo avances importantes y también errores, como en toda gestión. El desafío está en plantear además una agenda para el bicentenario, que revierta la desprotección social y la informalidad, algo que la pandemia nos ha dejado en grave evidencia y que necesitamos revertir.