Los no conectados

Tener acceso a internet no solo significa navegar libremente en webs o buscadores, participar en redes sociales, poder ver vídeos o streaming; es sobre todo una poderosa herramienta contra la pobreza ya que abre un amplio abanico de posibilidades de desarrollo y crecimiento económico.

Según el IPE “cada punto porcentual de aumento en la densidad de la telefonía móvil (número de líneas por cada 100 habitantes) reduce la pobreza en 0.08%, la tenencia de un celular a nivel nacional explica el incremento de S/2.707 (19%) en el ingreso familiar, así como una reducción de 7.1 puntos porcentuales en la probabilidad de ser pobre”.

Evidencia contundente que puede ser acompañada por la realidad diaria: ¿Qué niño o niña tiene más posibilidad de desarrollo, el que accede o no a internet? ¿Cuál negocio tendrá más posibilidad de éxito, uno que no cuenta con internet o el que anuncia sus productos y servicios en Instagram y tik tok, o incluso utiliza plataformas de venta? La importancia de la conectividad, además, quedó clara con la pandemia: nos mantuvo conectados, permitiendo el comercio electrónico, el teletrabajo, teleeducación y telemedicina; posibilitando que “nuestro mundo” continuara a pesar de las restricciones físicas.

Pese a esto y que aún hay 3 millones de peruanos que no acceden a internet (sobre todo en zonas rurales), la legislación y las distintas normas y regulaciones no acompañan una ola de inversiones que cierre esta brecha de manera definitiva. Veamos algunos ejemplos.

La industria de telecomunicaciones ha terminado cargando con la expectativa de ser un elemento relevante en reducir la inseguridad ciudadana. Sin hacer ninguna evaluación ex ante, ni ex post, se impuso controles biométricos, restricciones a instalaciones de antenas en las zonas donde hay prisiones, se creó un registro (RENTESEG) que se supone brindará listas negras y blancas para evitar el comercio de aparatos robados, entre otros. Todas estas regulaciones imponen costos y cargas administrativas, no habiendo ninguna evidencia de que impactan positivamente en el control de la delincuencia. Recientemente, se pretende regular también las formas de comercialización de las operadoras, con lo cual muchos no podrán acceder al servicio. ¿Es efectivo todo esto? ¿Se mide? ¿Quién lo hace? Entre tanto, ¿qué están haciendo las fuerzas del orden para combatir el robo, la clonación, la introducción de celulares en las cárceles?

Pongamos otro caso. La industria aporta en distintas tasas y contribuciones, cientos de millones de soles que van a parar al MTC. Con este dinero, se financia PRONATEL, que licita proyectos de conectividad en zonas alejadas. Desplegar estos proyectos ha resultado tremendamente complejo por la forma tan burocrática en que han sido formulados y ya tenemos casos de concesiones que han sido devueltas al Estado. Hace poco, se implementó una especie de ¨obras por impuestos¨ para acelerar la conectividad. Las empresas podían usar un porcentaje de estos aportes a hacer despliegues en territorios previamente definidos por PRONATEL. La pregunta es por qué no se hace esto de manera más agresiva, teniendo en cuenta que una licitación de proyectos puede tomar varios años, en tanto el despliegue con este mecanismo toma meses. Pasar de 40% a 60% o hacer extensivo el uso del mecanismo a otros aportes como la tasa de explotación comercial o las multas que impone OSIPTEL, permitiría un despliegue mucho más acelerado.

Otra idea. Hoy se renuevan contratos de concesión ¨mirando el espejo retrovisor¨, es decir, con una metodología extremadamente compleja de evaluación de las multas que te ha puesto el regulador. Teniendo en cuenta que dichas multas ya penalizaron, ¿no sería más sensato hacer renovaciones contra mayor despliegue a operadores que ya tienen experiencia en el mercado, compiten agresivamente y tienen billonarias inversiones?

La última fue la Ley 31027 que establece que los operadores deberán garantizar una velocidad mínima garantizada del 70% de lo contratado. No solo no se escuchó a los técnicos públicos y privados que hicieron notar que esta exigencia no es aplicable a todas las tecnologías que nos traen conectividad, sino que tampoco se evaluó el impacto que tendría en el costo de conectar nuevas geografías. Subieron la valla para todos, con lo cual la inversión de los operadores será destinada a incrementar la capacidad en las zonas urbanas que ya tienen servicio para intentar alcanzar la velocidad exigida por ley.

Los resultados de la competencia y la inversión privada han permitido que los precios de los servicios de telecomunicaciones bajen en más de 90% en los últimos 5 años y el nivel de conectividad que tenemos quienes ya tenemos acceso, es cada día mejor. Debemos continuar avanzando en desregular, simplificar, promover inversiones y conectar a cada peruano.

La industria de telecomunicaciones peruana es una de las menos rentables del mundo, lo cual le deja poco espacio para emprender estos ciclos de inversión que son absolutamente necesarios para continuar entrando en esta era digital y seguimos avanzando en el sentido contrario a lo necesario, con innumerables proyectos que continuarán postergando una conectividad universal y de buena calidad.