La Sunat o las grandes empresas: ¿quién es el malo de la película?

Parte del populismo de nuestros tiempos es la condena a las grandes empresas que se ‘niegan’ a pagar sus deudas tributarias en detrimento del país. El discurso cala y toma fuerza en el victimismo del presidente, que lo usó en su mensaje de 28 de julio y lo mantiene vivo en la plaza pública, para el aplauso fácil. En las redes sociales, por si fuera poco, se articula bien con imágenes virales que listan a “los elegantes deudores”, difundidas por algunos de nuestros políticos más infames.

Pedro Castillo insiste en que será más severo en estos cobros. Le va bien mentir con desparpajo: decir –sin el más mínimo indicio– que las grandes empresas realizamos acuerdos bajo la mesa con los gobiernos de los últimos años para evadir nuestras responsabilidades con el fisco. Le va bien también obviar lo esencial: que, en un Estado de derecho, todos los contribuyentes tenemos derecho a reclamar por los excesos de la administración tributaria y litigar en busca de justicia. Y le va bien, por último, ocultar información: que los casos exceden largamente los plazos del Tribunal Fiscal y la propia Sunat y, que si el fallo finalmente es en contra, las grandes empresas se ven obligadas a pagar intereses astronómicos por los años de nula celeridad y eficiencia institucional.

Hay, como leen, otra historia, pero que naturalmente no funciona para la platea. El ejemplo paradigmático es el caso Scotiabank, que heredó un litigio del Banco Wiese, cuyo proceso duró 14 años e hizo que la deuda se incrementara en 890%, es decir, que se multiplique casi por nueve. El banco argumentó que la extensión de tiempo respondió a “cuestiones imputables exclusivamente a la administración” y que el resultado afectaba “sus derechos al plazo razonable (...) y el acceso a la justicia”. Sin embargo, el año pasado el Tribunal Constitucional declaró improcedente su demanda de amparo y calificó de “negligente” a Scotiabank por no quejarse formalmente a tiempo.

¿Cuál era el plazo del Tribunal Fiscal para resolver la primera apelación del banco? Doce meses. ¿Cuánto demoró? Tres años. Luego la Sunat tardó ocho años para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal y este, más de un año y medio en resolver la segunda apelación del banco: plazos, sin duda, absurdos. La deuda inicial ascendía a S/ 48 millones y Scotiabank terminó pagando S/ 1,076 millones de manera fraccionada. Solo el magistrado Ernesto Blume, que votó a favor de Scotiabank, reconoció “un desmedro económico” para el banco y calificó el monto como un “pago exorbitante indebido”.

Así, se oficializó una amenaza para todos los contribuyentes que, ante un trato injusto de la Sunat, tendrán que evaluar si demandar una corrección puede terminar en una deuda varias veces mayor a la inicial, como resultado de la capitalización de los intereses en plazos no razonables. Así, en sencillo, se penalizó el derecho al reclamo de los contribuyentes. Pero, claro, no es popular decirlo.