La Reforma Universitaria no se negocia

Con la frase que da título a este artículo, la permanencia del Ministro Benavides en Educación, y los resultados de su interpelación, se ha reafirmado la continuidad de la reforma universitaria. Los aparentes intentos de interferir con su desarrollo muestran la necesidad de consolidarla. Por ello, aun con las limitaciones de espacio, vale la pena recordar el contexto y los fundamentos de su origen.

El boom de las universidades en nuestro país se originó en 1996 con la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. A través de esta, se permitió la apertura de universidades a cualquier persona jurídica o natural, tuviera o no fines de lucro, y se otorgaron créditos tributarios a aquellas que reinvirtieran su renta en la misma u otra institución educativa.

Los resultados fueron notables. Mientras que en 1994 existían 55 universidades, para 2014 se habían creado 87 universidades adicionales. Se estima que en ese lapso, el número de matriculados aumentó, aproximadamente, de 385 mil a cerca de 1.2 millones.

Pero este crecimiento no estuvo acompañado de mecanismos que propiciaran un entorno de calidad para que los estudiantes, una vez egresados, accedieran a buenos empleos. Durante ese periodo rigió un esquema autorregulatorio muy débil, ejercido por las propias universidades a través de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Ellas mismas realizaban las funciones de evaluación, exigencia de calidad y otorgamiento de licencias. Como consecuencia, se ofrecían servicios desconectados de las necesidades del mercado laboral, con profesores poco actualizados, escasa inversión en infraestructura, y poco énfasis en actividades de investigación.

Por ello, mientras que un gran número de jóvenes y sus familias concebían la educación universitaria como base de su vida productiva futura, los egresados de esas instituciones enfrentaban la búsqueda de empleo en condiciones desfavorables. Algunos estudios han mostrado que la expansión de la oferta universitaria en esa época estuvo asociada a aumentos de subempleo e informalidad, a bajos retornos, y al fortalecimiento de condiciones de desigualdad. Un estudio de la Universidad del Pacífico, por ejemplo, asocia el mencionado crecimiento en universidades con un aumento en la probabilidad de estar subempleado de 19% a 30%.

En este contexto, en 2014, se dictó la Ley Universitaria y, poco después, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Este marco normativo, entre otras medidas, le dio al Minedu el rol rector de la educación superior, cerró la ANR y creó la Sunedu. Esta última cuenta con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, y tiene el rol de supervisar la calidad del servicio brindado por las universidades.

El inicio de las acciones de la Sunedu tuvo entre sus prioridades lanzar el proceso de licenciamiento de las universidades. Aunque con algunas demoras, el resultado del proceso de licenciamiento ha sido importante. A más de 45 universidades se les ha denegado la licencia. Estas son universidades donde los estudiantes recibían servicios que no cumplían condiciones mínimas de calidad relacionadas con la planificación de los estudios, infraestructura, idoneidad del personal docente, mecanismos de inserción laboral, entre otras. Universidades privadas como Alas Peruanas o Telesup, y públicas, como la San Luis Gonzaga, no lograron cumplir con dichas condiciones y no obtuvieron la licencia. El camino es largo y falta avanzar en varios frentes. La reorganización y relanzamiento del Sineace, la adecuación de la normativa a la educación a distancia, el fortalecimiento de las medidas para atender a los estudiantes de las universidades con licencia denegada, entre otras, son tareas en las que debe avanzarse rápidamente. Por ello la reforma tiene que avanzar. Por eso no es negociable.