(Foto: iStock)
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Marcel Ramírez La Torre, Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP

Una crisis nos haría advertir de la necesidad de introducir reformas para lograr el desarrollo, lo que nunca imaginé era que resultaría de la pandemia del coronavirus COVID-19. La crisis viene teniendo impactos económicos aún difíciles de determinar y que el Gobierno tratará de mitigar, pero la mayor trascendencia serán las lecciones que las autoridades y ciudadanos tendremos que aprender de este evento.

No olvidemos que antes del COVID-19 sufriamos de eventos recurrentes como la caída de los huaicos, el friaje y la epidemia del dengue. Lamentablemente, la pandemia ha expuesto las debilidades de nuestras autoridades, en materia de gestión pública, tanto en planificación como priorización y ejecución de inversiones.

La pandemia llega en un momento en que el estado de los hospitales y centros de salud en el país no alcanzan un estándar mínimo de higiene y salubridad, la ejecución de la inversión pública en el 2019 fue menor al 70%, y un 72% de nuestra Población Económicamente Activa labora en la informalidad. Esta población cuenta con baja productividad, bajos ingresos y escasa o nula protección social y por tanto de mayor vulnerabilidad en períodos de crisis cíclicas o eventos inesperados como el actual.

La pandemia es un evento que por su disrupción, debe llevar a reflexionar a las autoridades que hay una serie de reformas que no se pueden seguir postergando. Aquí algunas de las que considero principales: Aunque el MEF afirma contar con el necesario espacio fiscal para abordar los impactos de esta crisis, eso aún no se puede asegurar. Es tiempo ya de diseñar e implementar una comprehensiva reforma tributaria que privilegie la eficiencia, equidad y simplicidad del sistema tributario, y compatible con no distorsionar la iniciativa privada.

Aunque en el 2013 la PCM lanzó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aún existen grandes debilidades en su implementación. Se debe poner énfasis en la optimización de procesos, profundizar la digitalización y el gobierno electrónico, así como el gobierno abierto y un servicio civil realmente meritocrático.

Finalmente, es fundamental volver a evaluar políticas como la laboral y la racionalidad de la regulación a fin de eliminar barreras a la inversión y sobrecostos que desalientan la iniciativa privada. En resumen, es importante que el Ejecutivo valore correctamente la relevancia de la inversión privada y de su rol no sólo para sostener el crecimiento sino también para sostener un desarrollo sostenido.

Necesitábamos un evento disruptivo para generar el necesario sentido de urgencia que obligue a las autoridades a poner al largo plazo delante del mero crecimiento anual. Así, debemos aprovechar el impacto del coronavirus a fin de entablar una más colaborativa relación público-privada que favorezca la generación de valor público, y así reconstituir el sentido de ciudadanía alrededor de un nuevo pacto social. Aprovechemos esta crisis lo más que se pueda pues las pérdidas que se generarán deben más que compensarse con las ganancias de tener una ruta más clara al desarrollo.