La fiscalización y el juego donde todos podemos ganar

Un aspecto pendiente y poco abordado dentro de la reforma del Estado está vinculado a las dificultades de las entidades para desarrollar sistemas de cumplimiento normativo eficientes que permitan alcanzar las finalidades públicas buscadas.

Aunque durante los últimos años se han producido avances, el estado de emergencia y la crisis sanitaria han revelado las dificultades del Estado en conjunto para asegurar el cumplimiento de normas a través de las estrategias de fiscalización tradicionales: buscar la infracción y castigarla. La realidad es que el diagnóstico tradicional olvida que muchos protocolos o reglamentos pueden estar mal diseñados, que algunos son de difícil comprensión y que los recursos para cumplirlos son escasos. En dichos supuestos, decomisar, multar o cerrar puede resultar abusivo e insuficiente para disuadir a una serie de agentes económicos que, sin una intención dolosa, no tienen otra opción más que incumplir algunas prescripciones.

El Decreto Supremo N°  080-2020-PCM y las posteriores normas en el marco de la reactivación, omiten que estamos ante una tarea mucho más amplia, que exige un rol estatal proactivo y coordinado, enfocado no solo en evitar el incumplimiento sino fundamentalmente en generar el cumplimiento. La idea subyacente es que, como sociedad, necesitamos que el Estado contribuya a garantizar condiciones del seguridad y salubridad ideales, sin descuidar al mismo tiempo la permanencia y operatividad de los agentes económicos (formales e incluso informales).

Para lograr esto, algunas propuestas concretas son: 1) Poner a disposición de todos los proveedores guías o publicaciones que reúnan y expliquen de forma sencilla la multitud dispersa de protocolos y obligaciones aprobadas. 2) Se Delimitar con claridad las competencias y tareas de cada entidad fiscalizadora, a fin de evitar procedimientos innecesarios y permitir una asignación de recursos económicos y humanos en las áreas de mayor riesgo. 3) Asumir un rol orientador que priorice diligencias destinadas a dotar de información y recursos a aquellos agentes con menor capacidad de trasladar costos a sus clientes. Iniciativas como la distribución de mascarillas en los transportes públicos y la capacitación a expendedores en la calle son algunas muestras positivas, pero lejos aún de un plan integral que involucre a todas las municipalidades y otras entidades.

Ya sea a nivel legal, reglamentario o a través de actos de gestión, el Estado debe aprobar disposiciones que ayuden a generar un escenario donde todos los sectores económicos encuentren apoyo para poder llevar a cabo sus actividades de acuerdo a los estándares de salud requeridos. Una suma donde todos ganamos.