La economía peruana bajo “tres ciclones”

El ciclón de la naturaleza

Durante los primeros días de marzo el ciclón Yaku azotó todo el norte peruano llegando hasta Lima. El fenómeno climatológico trajo lluvias intensas, huaicos y desbordes de ríos. Las lluvias y las inundaciones causaron la muerte de 50 personas y 15 mil damnificados. El MEF estima que los daños ocasionados por el ciclón podrían alcanzar los S/ 2,600 millones, lo que incluye 659 kilómetros de carreteras afectadas, 351 canales de riego, 216 puentes, 82 kilómetros de redes de agua, 56 instituciones educativas, 1,666 viviendas destruidas y 2,510 viviendas inhabitables. El gobierno anunció la entrega de un bono de 500 soles mensuales durante dos años a las familias que perdieron sus viviendas.

A los estragos causados por el ciclón se agrega que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), anunció la “Alerta de El Niño costero” con magnitud débil, debido al aumento del calentamiento del mar frente a la costa norte y centro en marzo, que se extendería hasta julio de 2023. La pesca y la agricultura se afectarían con el Niño de este año.

Los daños causados por Yaku y los que podrían causar el nuevo Niño han puesto sobre el tapete la responsabilidad de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que está encargada de liderar e implementar el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios de toda la infraestructura física dañada y destruida por el Niño Costero del año 2017. En aquella oportunidad 13 regiones del país fueron afectadas. Lo que se cuestiona a la ARCC es que no haya puesto el énfasis necesario en la prevención de los daños que suelen causar estos fenómenos climatológicos en nuestro país. De acuerdo con los especialistas existe una clara relación entre desastres y vulnerabilidad. Por ejemplo, procesos de urbanización no planificados o la falta de mecanismos de apoyo social son factores que construyen vulnerabilidad.

El “ciclón” de las protestas sociales

Luego de un periodo de tregua, las protestas sociales arreciaron en nuestro país desde los primeros días de enero y hasta inicios de marzo. Los objetivos de las protestas son la renuncia de la presidenta Boluarte, el adelanto de las elecciones

generales y el cierre del Congreso. Las protestas han implicado bloqueos de carreteras, ataques a la propiedad pública y privada y toma de aeropuertos. El saldo ha sido cerca de 60 muertos, uno de los mayores niveles de muertos por protestas de los que se tenga conocimiento en América Latina.

Los cierres de carreteras y la afectación a la propiedad privada causaron efectos sobre el alza de precios de los alimentos y sobre el turismo y minería principalmente. Según el Instituto Peruano de Economía luego de alcanzar su pico en el mes de junio, la inflación anual parecía empezar a reducirse durante la segunda mitad del año pasado, sin embargo, las protestas y el bloqueo llevaron a que la inflación nacional vuelva a subir, alcanzando en algunas regiones máximos de 25 años.

El ministro de economía señaló que hasta el mes de febrero el impacto económico de las protestas fue de S/ 2,600 millones, los que se sumaron a los S/ 1,000 millones de diciembre. Contreras señaló que las protestas impactan en el PBI, en los precios y en las expectativas de los inversionistas. La caída de la producción de 1.1% que hemos tenido en enero en parte importante se debe al “ciclón” de las protestas.

Este “ciclón” puede continuar a lo largo del año. Según la última encuesta del Instituto de Estudio Peruanos (IEP) de marzo, el 41% estima que las protestas aumentarán y un 26% cree que las protestas continuarán igual. Solo un 24% piensa que disminuirán. La mitad de los encuestados considera que las protestas conseguirán el adelanto de elecciones.

El “ciclón” de la incertidumbre política

El ciclón político es el último de los tres ciclones que afectan a la economía peruana. De acuerdo con la encuesta del IEP el 91% de los peruanos desaprueba el desempeño del Congreso, solo 6% lo aprueba. Por otro lado, la aprobación de Boluarte se mantiene en 15 (11% en el Perú rural) % y su desaprobación sube a 78% (81% en el Perú rural).

En febrero señalé que teníamos frente a nosotros tres escenarios: que el Congreso de la República apruebe el adelanto de elecciones para el 2023 o 2024; que la presidenta Boluarte decida renunciar para forzar un adelanto de elecciones en 2023 o que el régimen se consolide y logre quedarse hasta el 2026. Ni el Congreso ni Boluarte desean irse. Es evidente que las probabilidades de no haya adelanto de elecciones han aumentado. Tanto en las reuniones con partidos políticos convocadas por la presidenta en febrero como en la reunión de la semana pasada del presidente del consejo de ministros Otárola con seis expresidentes del Consejo de Ministros para exponer la política general de

gobierno quedó la impresión que el objetivo del actual régimen es permanecer hasta el 2026.

Si bien hay quienes piensan que para generar estabilidad sería conveniente la continuidad y no ir a elecciones precipitadas también hay quienes opinan que no se puede convivir permanentemente con el “ciclón” de las protestas, y que más bien estas afectan la incertidumbre y las decisiones de inversión. Además, se ha comprobado que el actual régimen es incapaz de realizar reformas políticas y lo mismo ocurriría con reformas económicas o del aparato estatal para brindar mejores servicios a la población.

Concluyendo, estos tres “ciclones”, el de la naturaleza, el de las protestas sociales y el de la incertidumbre política azotarán a la economía peruana buena parte del 2023 y afectarán a la producción y a la inflación. El Banco Central de Reserva en el Reporte de Inflación de Marzo ha señalado que la economía peruana no crecerá en el primer trimestre. A la caída de enero, el impacto negativo habría seguido en febrero por el “ciclón” de las protestas y en marzo por el ciclón de la naturaleza. En esa línea, ha recortado las proyecciones de crecimiento para el PBI de 2.9% a 2.6% y la inversión privada caería por segundo año consecutivo.

El recorte pudo ser mayor de no ser por la mejora de los términos de intercambio, el precio del cobre se reajustó al alza y el del petróleo a la baja, y porque se espera una mayor ejecución de la inversión pública, en parte asociada a los significativos recursos del canon minero.

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