Por Humberto Martinez
Presidente del Consejo Directivo de Capeco
Hace poco más de nueve semanas que se decretó el estado de emergencia nacional y la mayoría de peruanos tuvimos que dejar nuestros trabajos de manera habitual y nos refugiamos en nuestras casas. Algunos a hacer trabajo remoto y otros sencillamente a esperar que se levantara el periodo de inmovilización nacional.
Cuando la inmovilización se inició, parecía muy razonable quedarnos en casa para evitar los contagios, pero lo cierto es que millones de personas han seguido moviéndose a las bodegas, a los mercados, a donde el vecino, a cuidar a un familiar o sencillamente para no aburrirse en casa o porque no tienen una. En estas pruebas y errores del Gobierno han ganado estos últimos, pues no hemos logrado aplanar la curva y nuestro sistema sanitario está al borde del colapso.
Ahora bien, el virus está atacando por igual a todo el mundo, pero los países están teniendo respuestas distintas, con diversos resultados. En Chile, por ejemplo, se optó por permitir muchas actividades productivas, como la construcción, y de cerrar ciudades o distritos solo si aumentaban los casos detectados de contagios, aunque el incremento de los últimas días ha generado una cuarentena total. La idea clave era detectar pronto, para poner en cuarentena a la persona infectada, evitar que contagie a otras y además permitirle que se cure pronto sin llegar a la sala de emergencias de un hospital. Esto se está aplicando con éxito en países como Alemania, que ha intentado seguir adelante con sus actividades, con aislamiento social y haciendo masivamente pruebas a sus ciudadanos para detectar el virus a tiempo.
Detener el Perú por más de dos meses va a costar muchísimo, tal vez más de 10 puntos del PBI, y volverán millones de peruanos a la pobreza cuando ya habían salido de ella. El daño será enorme y tomará años recuperarnos. Pero todo este esfuerzo será en vano si no logramos identificar a los contagiados y los ponemos en cuarentena para reducir la velocidad de propagación del virus. El problema es que mientras la gente siga, en teoría, encerrada en sus casas, aunque en verdad saliendo a la bodega y al mercado todos los días, será muy difícil identificar a los casos positivos, y la propagación del covid-19 seguirá su curso silencioso, oculto al sistema.
La vuelta a las actividades, especialmente a las que se llevan a cabo formalmente, debe permitir no solo que las familias tengan ingresos para su subsistencia, sino además que los trabajadores puedan ser identificados y aislados cuando se encuentre que están infectados con covid-19.
Recordemos que el sector construcción no es solo un gran dinamizador de la economía y contribuye con el 6% del PBI, sino que también genera más de 300 mil puestos de trabajo formales. Si se permite que los obreros de construcción vuelvan a trabajar formalmente, con medidas que eviten la propagación del virus, será posible realizarles pruebas con regularidad, medirles diariamente la temperatura y hacerles chequeos médicos preventivos. Que vuelvan a trabajar implica que son nuevamente visibles para la inspección municipal, para la Sunafil, para Essalud y, en general, para el sistema. Si siguen en sus casas seguirán contagiándose en el barrio y trasladando el virus sin que nadie se entere, invisible al sistema. Si las cosas siguen así, estos más de dos meses de paralización serán un sacrificio sin recompensa.
Demos reinicio de inmediato a todas las obras de construcción formales para evitar que el virus y la pobreza sigan avanzando.