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Por Luis Miguel Castilla
El Gobierno entra en la recta final de su gestión habiendo priorizado la contención de la pandemia que continúa abatiendo intensamente el interior del país, la urgente necesidad de reactivar la economía (ante la pérdida de más de 2.6 millones de puestos de trabajo en Lima) y asegurar una transición democrática, transparente y ordenada.
Las capacidades del premier Cateriano serán puestas a prueba en una muy difícil coyuntura, apoyado por un equipo más afiatado, con mayor claridad respecto a los objetivos a cumplir, pese a las dudas que despierta la falta de experiencia de algunos de sus integrantes en carteras críticas. La reactivación dependerá de la capacidad de acelerar la inversión privada, la cual ha colapsado este año y se encuentra estancada ya por un periodo prolongado en un contexto de creciente conflictividad social y excesivo protagonismo del Legislativo. Una vez se logre el voto de confianza, el nuevo gabinete tendrá que llegar a un acuerdo con el Congreso para reducir la incertidumbre y restaurar la confianza empresarial, clave para reenganchar a la inversión privada.
Se requiere un quiebre en la parálisis de la inversión pública
Más allá de los programas Arranca Perú y de compras públicas dirigidas a las mypes, la reactivación económica dependerá, en parte, de la capacidad de lograr una mayor ejecución de la inversión pública y reanudar obras paralizadas. Durante el primer semestre, la inversión pública se contrajo 42% y el Banco Central de Reserva (BCR) proyecta (optimistamente) que esta se contraería solo 8.5% este año. Según la Contraloría General de la República, las entidades públicas tienen 900 obras paralizadas por S/ 17 mil millones, monto que representa la mitad del presupuesto total anual de inversión pública del país. Los retrasos son excesivamente largos, como en el caso de las concesiones viales del norte (la Autopista del Sol y la Red Vial No. 4), cuya buena pro se adjudicó el 2009 y el proyecto de irrigación Majes-Siguas Fase II, que se concesionó el 2010. El Ministerio de Economía y Finanzas ha adoptado medidas para facilitar la obtención de licencias de habilitación urbana y edificación, la determinación del valor de tasación, la adquisición de predios y liberación de interferencias, el cumplimiento de permisos ambientales y arqueológicos, entre otros; sin embargo, el desafío central será traducir estos cambios normativos en acciones concretas que destraben estos proyectos. Esto dependerá de los incentivos que enfrenten los funcionarios públicos (que aún no acceden a un nuevo servicio civil), los desincentivos para la toma de decisiones que introduce el carácter punitivo del sistema de control interno y la excesiva rotación de autoridades.
Restaurar la confianza empresarial es una tarea clave
Se prevé que la inversión privada se contraiga 30% en el 2020 en un contexto de elevada desconfianza empresarial. Si bien el índice de confianza del BCR se ha venido recuperando desde que tocó fondo en abril, este se encuentra por debajo del 50% de los niveles registrados previos a la pandemia. Esta situación responde al riesgo que significa la aprobación de leyes por el Congreso sin tomar en cuenta consideraciones técnicas en una agenda legislativa que no parece tener límites y que continúa enfocada en alcanzar sus móviles electorales. Como lo han advertido las agencias de calificación crediticia, todos los esfuerzos de reactivación que el Gobierno ha desplegado ya comienzan a ser minados por medidas populistas. Reducir la mayor prima de riesgo por el quiebre de las reglas del juego, la inseguridad jurídica y el cuestionamiento constitucional de diversas iniciativas será indispensable para restaurar la confianza de los inversionistas. Esto es especialmente necesario en la etapa preelectoral en la que nos encontramos, periodo en el que de por sí la inversión se pone en compás de espera.
La conflictividad social debe ser mejor manejada
Si bien la minería podría nuevamente jalar la inversión privada en el país, el manejo de una creciente conflictividad social podría continuar postergando la cartera de inversión minera por cerca de US$ 60 mil millones. Es evidente que la aceptación de la población en las zonas de influencia de los proyectos mineros demanda el cumplimiento de la normatividad ambiental y que se perciban los beneficios de la explotación de los proyectos mineros a través de la provisión de servicios públicos básicos de calidad. Sin embargo, esta necesidad no puede ser utilizada de manera oportunista por ciertos movimientos regionales, como en el caso de Espinar, para exigir la transferencia de los saldos que tienen los fondos sociales que financian las empresas mineras a los pobladores, so pretexto de la aflicción que enfrentan por la pandemia. Si existen saldos no utilizados en estos fondos es por la incapacidad de las autoridades responsables de traducir estos recursos en proyectos de impacto que atiendan las necesidades de la población.
“Es de esperar que la urgencia económica y social que vive el Perú permita que el Gobierno muestre un mayor liderazgo en el manejo de la conflictividad social y no se ceda al chantaje”.
No tiene justificación que se pretenda artificiosamente reducir los fondos sociales de inversión que debieran financiar necesarios proyectos para forzar una nueva negociación que pretenda exigir mayores aportes de los ya acordados en mesas de diálogo previamente establecidas. Es de esperar que la urgencia económica y social que vive el Perú permita que el Gobierno muestre un mayor liderazgo en el manejo de la conflictividad social, no se ceda al chantaje y se logren viabilizar importantes inversiones en los próximos doce meses tan necesarias para el país.