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La judicialización del arbitraje: crónica de una muerte anunciada

Las disputas son resueltas por árbitros que suponen contar con un profundo conocimiento de las diversas áreas involucradas en la disputa y que, además, se han especializado en ramas específicas como construcción, energía, entre otros.

Poder Judicial

Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del PJ debe evaluar requerimientos contra los parlamentarios que afrontan procesos penales por delitos comunes. (Foto: GEC)

Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del PJ debe evaluar requerimientos contra los parlamentarios que afrontan procesos penales por delitos comunes. (Foto: GEC)

Autor: Alonso Bedoya - asociado del Estudio Muñiz

Con casi tres décadas de aprobada la primera ley general de arbitraje en el Perú, es innegable que esta ha aportado novedades y mejoras al sistema de solución de conflictos. Mucho se habló de la privatización de los juicios en su momento y sus principales detractores sostuvieron que este mecanismo de solución de conflictos no garantizaba la resolución de los mismos, toda vez que un grupo selecto, por no decir la burbuja de la élite jurídica peruana, decidiría a puertas cerradas sobre cuantiosas demandas que, bajo el principio de confidencialidad, no serían de conocimiento público.

Lejos de ello, el arbitraje demostró en sus inicios que a todas luces era un mecanismo autónomo y superior al órgano jurisdiccional por excelencia: el Poder Judicial. Sin lugar a duda, es importante remarcar la agilidad y celeridad con la que los procesos arbitrales se desenvuelven, ya que las disputas son resueltas por árbitros que suponen contar con un profundo conocimiento de las diversas áreas involucradas en la disputa y que, además, se han especializado en ramas específicas como construcción, energía, hidrocarburos, propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, entre otras.

Sumado a lo anterior, se presume que los árbitros cuentan con más experiencia y conocimiento que un juez. Asimismo, se logró demostrar que el proceso arbitral se desenvuelve de una manera más diligente, eficiente y expeditiva, suponiendo una relación de costo beneficio favorable para las partes. Lo que en el Poder Judicial podía tomar tres años, se podía lograr en seis meses por la vía arbitral.

Adicionalmente, se presupone que los árbitros son imparciales e independientes para conocer la disputa, y por su alto grado de sofisticación, la corrupción les es esquiva. Entonces, muchos dirán que el arbitraje es el mecanismo predilecto para la solución de conflictos. No obstante, me atrevería a decir que, a la fecha, el arbitraje puede equipararse a un paciente en estado delicado, y que requiere urgente atención.

En los últimos años se ha evidenciado una serie de problemas en el proceso arbitral que lamentablemente están poniendo en duda la real efectividad del mismo. Se podría decir que el arbitraje se está judicializando. A la fecha, existen árbitros que no están debidamente preparados para llevar un arbitraje, siendo seleccionados no por su experiencia, sino por sus conexiones.

Peor aún, muchos aceptan el encargo sin asumir la responsabilidad y compromiso que conlleva la preparación para llevar el caso diligentemente. Otros árbitros no respetan uno de los requisitos claves para participar en un tribunal arbitral: contar con tiempo y disponibilidad. Lamentablemente ha quedado al descubierto que ciertos árbitros participan en más de 70 procesos arbitrales a la vez, y esto, inevitablemente, generará que el árbitro no preste la debida atención a cada caso, pues la mano que mucho abarca poco aprieta. Otro aspecto que se ha puesto en evidencia a raíz de la investigación del caso Odebrecht es la pérdida del fundamental principio de independencia e imparcialidad respecto de las partes, ya que actualmente hay árbitros que se encuentran cuestionados por estas investigaciones.

Todo lo anterior conlleva a que la calidad y costo/beneficio de ir por la vía arbitral en vez de la judicial, pierda su encanto. Si comparamos el actual estado del arbitraje con el desenvolvimiento del Poder Judicial, podremos darnos cuenta de que ya no existe tanta diferencia. Claro está que no se puede generalizar, ya que aún quedan muchos árbitros que muestran un firme compromiso en aras de que el arbitraje siga siendo una vía autónoma de solución de controversias caracterizada por ser más diligente, eficiente y expeditiva.

Sin embargo, de no corregirse esto al corto plazo, creo que podremos hablar de un paciente terminal y así las partes ya no querrán acudir al arbitraje por ser más oneroso y no brindar calidad en su servicio, quedándose sin más alternativa que apelar al (im)predecible y burocrático Poder Judicial.

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