La apuesta por la defensa de la vida: no debe haber marcha atrás

Construimos consensos para definir el rumbo o nos perderemos en los enfrentamientos ideológicos y en la maraña burocrática que solo favorece a los que necesitan el desorden y la falta de Estado para crecer.

Las economías ilícitas, tales como el narcotráfico, la minería informal y la tala ilegal de madera, presentan nuevos desafíos para la gobernabilidad. En el Perú, estas actividades se vienen expandiendo año a año, mientras que adquieren cada vez más poder y capacidad de intimidación mediante el uso de la violencia. De hecho, muy seguido estamos escuchando noticias de ataques a los defensores del bosque en diferentes lugares de la Amazonía del Perú. Precisamente, algunos de los factores que contribuyen a su desarrollo son: i) la alta tasa de informalidad en la PEA; ii) la constante falta de presencia del Estado en zonas alejadas o de difícil acceso; iii) la corrupción de las instituciones; iv) la pobreza y la pobreza extrema, y v) la complejidad geográfica y la diversidad de recursos naturales (Valdés y otros, 2021).

El frente en el que podemos notar una evolución más preocupante es el de la lucha contra las drogas. Según cifras de Devida, la superficie cultivada de hoja de coca, insumo utilizado para la elaboración de la cocaína, aumentó más de 30% entre el 2021 y el 2022, en línea con la tendencia creciente que se observa desde el año 2015. En total se detectaron más de 80,000 hectáreas dedicadas a este fin. El último informe de la institución confirma que el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se mantiene como la principal zona cultivadora de hoja de coca de Perú. Sin embargo, los departamentos en las que se evidencia un mayor aumento en cuanto a la cantidad de hectáreas son Ucayali y Loreto, parte importante de la región amazónica del país. El caso de Ucayali es especialmente relevante, puesto que muestra un aumento del 266% con respecto al 2020. Es evidente que el Estado peruano viene perdiendo esta batalla desde hace varios años.

¿Qué se puede hacer para revertir esta tendencia? La evidencia parece indicar que la mayoría de estrategias que se basan en la erradicación forzosa exclusivamente no han sido efectivas en el largo plazo. Esto se debe a que frecuentemente se ignoran las razones de fondo por las que las personas recurren a este cultivo, que incluyen sus condiciones socioeconómicas y la falta de alternativas viables para obtener ingresos. Enfoques más modernos de reducción de cultivos ilícitos se basan en proveer medios de vida alternativos, con énfasis en mejorar las condiciones de vida en las zonas de cultivo y las condiciones estructurales que enfrentan los pequeños productores.

En ese sentido, es importante resaltar aquellos casos que han mostrado ser efectivos alrededor del mundo. Por ejemplo, desde el 2006, el gobierno de Bolivia tomó la iniciativa de formular un modelo para limitar gradualmente la producción de coca de forma no violenta, participativa y sostenible. Algunos de los factores claves del modelo boliviano son: (i) la cohesión social de las estructuras sindicales cocaleras, esto es, su capacidad para autogestionarse y limitar los niveles de cultivos de coca entre sus miembros de base; (ii) la confianza en el Estado que tienen los sindicatos cocaleros y la capacidad del sindicato cocalero de transitar del espacio local al escenario político nacional; (iii) la complementariedad de las políticas públicas, pues el control comunitario de la coca se enmarca en un conjunto de reformas económicas estructurales; (iv) las coaliciones internacionales en la lucha contra las drogas (Grisaffi et al., 2021).

Otro caso en la reducción de cultivos ilícitos es el de Tailandia. Alrededor de la década de 1970, el país asiático implementó un modelo a través de programas de desarrollo alternativo. Las políticas de erradicación forzada fueron suspendidas hasta después que los programas de estilo de vida alternativo generaron suficientes ingresos para los productores de la planta del opio, y la erradicación fue en su mayor parte negociada con las comunidades locales a través de un comité conjunto. El enfoque de sustitución de cultivos fue ampliado para considerar el desarrollo socioeconómico y de capital humano, incluyendo mejor infraestructura de conexión, la construcción de cadenas de valor añadido, y el desarrollo de redes de salud y educación para dichas localidades (Felbab-Brown, 2017).

En el Perú se implementó una estrategia dual, que combinaba erradicación forzosa en ciertas zonas con sustitución de cultivos ilícitos de coca en otras, durante el gobierno del presidente Humala, a través de un programa de reconversión productiva de carácter multisectorial y que fue liderado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). La estrategia propuesta se sustentaba en la promoción de la reconversión voluntaria de productores de hoja de coca a cultivos rentables, a través de proyectos productivos y que fue complementado con la construcción de infraestructura económica y servicios básicos para dar sostenibilidad al programa de reconversión. Como resultado de estas acciones multisectoriales, el Minagri consolidó el éxito de la reconversión productiva permitiendo reducir, entre el 2014 y 2016, en más de 3,000 hectáreas las áreas de cultivos de hoja en el VRAEM, incorporando cultivos alternativos y rentables como el cacao, café y piña, beneficiando a casi 2,000 agricultores de esta región del país. Algo similar se hizo con Devida, que contó con el apoyo de PNUD y el Usaid en otras zonas de la Amazonía del Perú, donde también se trabajó con cultivos alternativos como el café, el cacao y la palma aceitera, este último con grandes resultados desde la década de los 90 en las regiones de Loreto, San Martín y Ucayali.

El cultivo de hoja de coca para el narcotráfico en el Perú es un problema que debe de ser atendido de forma urgente y a través de políticas públicas basadas en evidencia. Se necesitan recursos para proveer mejores servicios y financiar más y mejores programas de reducción y sustitución de cultivos ilícitos. Una pieza central de cualquier modelo de reconversión productiva de cultivos ilícitos se basa en la seguridad jurídica y el apoyo continuo del Estado para desarrollar mercados, servicios e infraestructura para la comercialización de los productos que reemplazan a la hoja de coca.

Solo con cultivos de alta productividad y competitividad, que tengan mercados seguros, de preferencia industria en la zona de producción, se podrá superar los márgenes que ofrecen las alternativas ilegales. Por esa razón, no se debe tener prejuicios de ninguna índole entre las opciones que tienen mayores potencialidades. No debemos olvidar cuáles son las opciones entre las cuales elegimos. Seguimos dejando que se pierda el bosque amazónico y condenamos a su población a vivir aterrorizada por la ilegalidad y sus consecuencias o buscamos opciones que atenúen el impacto ambiental, pero sobre todo que otorguen garantías de mejora en la calidad de vida de la población.

Es por ello que se requiere una acción conjunta del Estado para propiciar condiciones de formalidad que atraigan inversión privada a las zonas intervenidas para garantizar sostenibilidad de los programas de reconversión. De lo contrario, si los productores perciben que solo se trata de acciones aisladas y sin una fortaleza anclada en políticas públicas de mediano y largo plazo, solo se habrá gastado recursos en vano. Las organizaciones criminales que se abastecen de estos productores los volverán a captar porque les es muy fácil moverse en un espacio del territorio donde reina la informalidad, el miedo y la falta de Estado.

En conclusión, como menciona Grisaffi, la clave está en dejar de tratar a los pequeños agricultores como criminales y empezar a tratarlos como ciudadanos. Establecer el diálogo y garantizar el derecho a la educación y la salud, pero también a la propiedad y al trabajo, a través de consolidar la seguridad jurídica sobre sus parcelas para permitirles acceder a financiamiento y asistencia técnica, de modo que puedan desarrollarse y progresar plenamente. En paralelo, el Estado deberá controlar el comercio de insumos que requieren las actividades ilegales, así como ocuparse del desarrollo de las condiciones para el desarrollo sostenible, promoviendo la formalidad con su mayor presencia.