La reforma laboral en cuestión

Las crisis sanitaria, económica y política siguen destruyendo empleos y dificultan la creación de trabajos formales con protección social. Todos tenemos el mismo diagnóstico: alta informalidad (casi 80%), bajos sueldos (han caído en promedio S/ 100 en la pandemia) y escasa protección social (uno de cada cuatro peruanos tiene seguro regular).

¿Qué hacer? Los sindicatos exigen prohibir las tercerizaciones, fomentar la negociación colectiva, reducir los plazos fijos, más protección para dirigentes sindicales, limitar las suspensiones, etc. Las empresas proponen reducir los costos, facilitar los despidos, promover la contratación de jóvenes y tiempo parcial, etc.

Todos los proyectos de leyes relevantes deberían pasar por el diálogo social, antes de ser aprobados por el Congreso. El Gobierno debería convocar a sindicatos y empresas reinstalando el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). El diálogo tripartito, técnico y en la búsqueda de la mayor protección social, debería ser la vía para el debate de “lo laboral”. Si hay consenso entre sindicatos y empresas y la propuesta no impacta en otras políticas públicas, el Congreso lo tendría que convertir en ley. Solo las normas que cuentan con un consenso social tienen mayor legitimidad y un impacto sostenible.

Nuestro país necesita fomentar la creación de empleo formal (“con seguro”) y compite con todos los países para atraer la inversión privada, que es lo único que genera empleo en el tiempo. Por ejemplo, conocemos que la Sociedad Nacional de Industrias y la CGTP están reuniéndose para generar espacios de diálogos bilaterales. Ese tipo de esfuerzos son positivos.

En esta difícil coyuntura, necesitamos normas que promuevan la contratación juvenil (son los más golpeados -junto con las mujeres- en la pandemia), fomenten la reconversión laboral a empleos que requiere el mundo post covid, incentiven la inversión en capacitación laboral, reduzcan la intervención estatal y promuevan las negociaciones individuales y colectivas. Asimismo, requerimos políticas y normas que persuadan y fiscalicen, según corresponda, para lograr el aseguramiento universal, con el objetivo de que todos tengamos protección social (salud y pensiones).