Camino hacia la formalidad: removiendo las piedras del camino

El Ejecutivo plantea el otorgamiento de créditos blandos, es decir, préstamos que serán otorgados a menor tasa de interés pues están garantizados por el Estado. Este apoyo está dirigido principalmente para las mypes, que representan un grupo mayoritario de empresas del Perú y que se han visto seriamente afectadas con la pandemia.

En líneas generales, estos créditos son un avance positivo, puesto que apalancan a las empresas y, con ello, pueden soportar estos meses de menores ventas.

Medidas como la comentada contribuyen de alguna manera a que las empresas continúen a flote, sobre todo aquellas actividades que aún no se reactivan completamente como los restaurantes y el sector turismo.

Sin embargo, esto no necesariamente va a implicar que todas puedan mantener a su personal en planilla o contraten más trabajadores, pues la lógica, en algunos casos, es que, si no hay ventas, la empresa se debería reducir (incluyendo a los empleados) para sobrellevar la crisis de la mejor manera posible.

Si bien el Ejecutivo señala que la inversión pública y privada va a ayudar a generar empleo sobre todo en el sector construcción, mantenimiento de carreteras, etc., su efecto no es inmediato, especialmente si consideramos los problemas pre-existentes y de diverso tipo en las regiones.

Dicho lo anterior, es necesario que el Estado brinde especial atención a las siguientes medidas:

1. Agilizar la resolución de la suspensión perfecta. Muchas empresas afectadas presentaron la suspensión perfecta y fue desaprobada por temas formales, frente a esto, no tuvieron más alternativa que cesar al personal o ver planes de salida. Es necesario que el Estado actúe con transparencia y evite brindar opciones para luego darle la espalda a las empresas.
2. Establecer planes de formalización en los que se ofrezca a la empresa que si formaliza voluntariamente al personal no va a ser multado mientras mantenga al trabajador en la planilla y tenga acceso a la seguridad social.
3. Crear un régimen especial de emergencia por COVID-19, por el que se pueda contratar a jóvenes entre 18 y 29 años por un plazo determinado, asumiendo el Estado el pago de la seguridad social (existen varios proyectos similares). Luego de concluida la vigencia de esta norma (hasta el 2021 o 2022), deberían incorporarse al régimen general. Los jóvenes son los principales afectados, especialmente considerando la actual deserción de institutos y universidades, al no poder cubrir el pago.

Finalmente, es importante que el MTPE se enfoque en trabajar con el Congreso y el Consejo Nacional de Trabajo para buscar medidas temporales y puntuales que enfrenten los efectos del COVID-19 en el mercado laboral, enfocándose en el problema principal: reducir la informalidad en el tiempo y promover el mercado formal.