Industria extractiva, canon y paz social

Economista de Intelfin

1. En los últimos años los conflictos sociales en torno a la explotación de los recursos naturales se han exacerbado. El denominador común de estos es la creencia de que la riqueza generada por la industria extractiva no se comparte de manera equitativa, además de que se afecta negativamente el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades aledañas.

2. Nuestro mundo es uno de percepciones, más que de estadísticas. El que las comunidades que de facto tienen la potestad de otorgar o no la “licencia social” para explotar nuestros recursos naturales se sientan ninguneadas, lleva a trancar el juego y a resultados subóptimos. Todos somos testigos de los conflictos sociales recurrentes, del fortalecimiento de grupos opositores a la industria extractiva y de cómo el Perú pierde oportunidades y se empobrece en términos relativos.

3. Si bien muchos de los reclamos sociales son legítimos, sobre todo los referidos a la falta de provisión de servicios públicos básicos, esto no justifica socavar la actividad extractiva y la viabilidad de las empresas dedicadas a la minería, al gas o al petróleo. Vamos a terminar matando a la gallina de los huevos de oro, literalmente.

4. El Estado debe atender las demandas sociales en las áreas de influencia de las actividades extractivas; si no es por convicción, por lo menos por conveniencia: los recursos fiscales dependen de esta actividad. Evidentemente, también debe brindar garantías a las empresas extractivas y asegurarse de que estas cumplan con la legislación ambiental y laboral. El Estado debe legitimarse, pues ha estado ausente en gran parte de este territorio. Se debe actuar con racionalidad y firmeza, con compromiso social, priorizando el diálogo, pero siempre dentro de los márgenes que impone la ley. No se puede renunciar al principio de autoridad, cuando esto ocurre se produce el descalabro y se agudiza el conflicto.

5. Pero preguntémonos, ¿por qué, si la actividad extractiva genera recursos para los pobladores, estos se oponen a esta industria? Tal vez porque este flujo de recursos no es claramente identificable. Focalicémonos en el caso del canon, que representa la participación de los gobiernos subnacionales en el total de ingresos obtenidos por el Estado producto de la explotación de los recursos naturales. ¿Cómo se distribuye el canon? Varía según la actividad: el del petróleo no es igual al de la minería o al de la pesca. En el caso de Loreto, la regla de distribución del canon petrolero lleva a que el gobierno regional reciba el 52% de este, mientras que los distritos productores solo reciben una fracción ínfima del mismo. Por ejemplo, el distrito de Puinahua –donde en octubre último se concentró más del 90% de la producción petrolera de la Amazonía (y 30% de la producción nacional)– recibe solo el 0.33% del canon petrolero de Loreto y, paradójicamente, no tiene acceso permanente a energía.

6. Si queremos contribuir a la paz social en la región, es necesario revisar los criterios de distribución del canon de manera tal que la población del área de influencia de la actividad petrolera realmente se beneficie de esta. Esto contribuiría a alinear incentivos y a viabilizar una actividad extractiva que necesariamente debe ser social y ambientalmente responsable para poder sobrevivir y crecer.

7. Sin embargo, esto no será suficiente. El Estado debe cumplir con proveer los servicios públicos básicos que esta población demanda. ¿Se requiere de más gasto público? Sí, pero asegurando estándares mínimos de calidad. No hay dinero para despilfarrar, hay, más bien, tareas que realizar.