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Luis Miguel Castilla
El mundo enfrenta un conflicto bélico con impactos económicos inciertos que -en uno u otro sentido- ya se están reflejando en algunos países. La invasión rusa de Ucrania está generando un severo shock en los mercados internacionales afectando particularmente el precio del petróleo, el trigo, los fertilizantes, entre otros.
Si bien existe mucha incertidumbre en el mercado petrolero, no se pueden descartar escenarios dramáticos de agudizarse las sanciones contra Rusia (que representa el 14% de la producción global). Lo mismo ocurre con el precio de los fertilizantes, pues Rusia es el mayor exportador de fertilizantes de nitrógeno del mundo, representando más del 60% de las exportaciones mundiales.
Con el estallido de la guerra, se ha disparado el precio del gas natural, un ingrediente clave para la fabricación de fertilizantes. Una interrupción prolongada del suministro mundial podría reducir la producción de cultivos en muchas partes del mundo, agudizando aún más la tendencia alcista en los precios de los alimentos; situación que podría exacerbar una crisis alimentaria, afectando desproporcionadamente a los países más pobres del mundo.
¿Cómo afectará esta crisis a nuestro país? Definitivamente, con una mayor inflación en el corto plazo, pues el rubro “alimentos y energía” representa el 43.6% de la canasta básica. En el pasado mes de febrero, la tasa de inflación acumulada fue 6.3% en 12 meses, fuera del rango meta del instituto emisor. Este shock externo agregaría más presiones inflacionarias, en un contexto de expectativas al alza, siendo 4% la inflación esperada para el cierre del año, según la última Encuesta de Expectativas de la Inflación del BCRP. El incremento en los precios, junto con la demanda por el empleo, es una de las mayores preocupaciones que enfrentan los peruanos según las últimas encuestas de opinión.
Bajo este contexto, se tiende a aprovechar la coyuntura para que intereses puntuales lleven agua para su molino. Tal es el caso del paro ganadero anunciado para el 15 de marzo. La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú demanda modificar la definición de leche evaporada, acabar con el supuesto monopolio de la industria láctea (cuya determinación deberá recaer en las autoridades técnicas competentes) e incrementar el precio base del litro de leche cruda (fresca) que la industria paga a los ganaderos en un 80%.
Si bien estas pretensiones vienen desde meses atrás por el incremento en los precios de los insumos que utilizan los ganaderos en el contexto de la pandemia, los argumentos esgrimidos por el gremio ganadero son falaces y solo pretenden presionar a las autoridades para beneficiar a un pequeño grupo de productores. Es importante recordar que menos del 7% de los ganaderos del Perú venden su leche a la industria láctea.
Existe el mito de que regular el precio mínimo que la industria le paga al ganadero beneficiaría a pequeños productores y no tendría impacto en el precio de venta al consumidor. Esto, sin embargo, no se condice con la realidad. Según Apoyo Consultoría, por cada centavo en que se incremente el precio base, en un escenario donde la producción de leche evaporada solo dependa de la leche cruda y donde la industria decida seguir comprando la misma cantidad de leche cruda que hoy compra, los ganaderos tendrán un beneficio que iría principalmente a los grandes proveedores y solo 3% a los pequeños ganaderos. Además, de acuerdo con las características de la demanda de los hogares por productos lácteos, un aumento en el precio de los insumos se trasladaría íntegramente a un mayor precio al consumidor, perjudicándose principalmente a los más pobres. Ninguna de estas consideraciones parece importar a los organizadores del paro.
Por su parte, existe la creencia de que restringir la importación de leche en polvo ayudaría a aumentar la compra de leche a los ganaderos, elevar su precio y promover la productividad del sector. Sin embargo, el Perú contó con una medida que restringía la importación de leche en polvo y otros insumos lácteos entre 1991 y el 2008 que no tuvo impacto en incrementar la producción nacional. Otro mito es que la leche en polvo no ayuda a mejorar la salud de la población. Sin embargo, la OMS y la FAO han especificado que productos lácteos que usan leche en polvo son seguros en términos sanitarios y nutricionales.
Bajo este contexto, las presiones de grupos organizados tienen eco en el Congreso y otras instancias de decisión. Por ejemplo, cuando se produjo el repunte inflacionario el año pasado, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de Ley para aplicar controles de precios; si bien la medida no prosperó, nada descarta que se vuelva a la carga con iniciativas que solo distorsionan los mercados. A esto se suman medidas proteccionistas, como las limitaciones solicitadas a la importación de bienes sensibles para cobijar artificialmente a reducidos segmentos de productores organizados en perjuicio de la mayoría de los consumidores.
Dado que el Perú está expuesto a shocks externos con efectos adversos para el bienestar de la población, es preciso que las autoridades tomen conciencia del delicado momento que atraviesa el país y no cedan ante las presiones gremiales con escasa representatividad. Por el contrario, se tiene que tomar en serio la agenda pendiente de mejoras en la productividad que es el sustento para mejoras sostenibles en el bienestar. En el caso del sector de alimentos (y el lácteo en particular), la prioridad debe estar puesta en ofrecer productos de calidad al menor precio posible.