José Salardi Rodriguez
Exministro de la Producción y ex funcionario del MTC
Si queremos seguir por la senda del crecimiento y desarrollo, como país y economía, debemos esforzarnos en cerrar la brecha de infraestructura que, actualmente supera los US$ 150,000 millones. Sin embargo, está claro que los recursos públicos no nos van a alcanzar, se requiere de la inversión privada, de su experiencia y know how.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene un número importante de proyectos de infraestructura y más de 30 concesiones en etapa de ejecución, entre cofinanciadas y autofinanciadas (algunas incluso con obras pendientes que serán afrontadas con recursos del concesionario). Indudablemente hay un compromiso fuerte por sacar adelante esos proyectos y cada actor aporta en el cierre de la brecha existente.
Sin embargo, proyectos importantes y urgentes como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se han relegado en lugar de priorizarse, proyectos de transporte masivo que, además de ayudar a descongestionar nuestra capital -que genera cerca del 50% del PBI peruano-, son importantes para la reactivación económica, reducción de la pérdida de horas hombre en el caótico tráfico limeño y de la contaminación ambiental, así como la mejora en la calidad de vida de la población y plusvalías comerciales que podría aprovechar la caja fiscal, entre otras.
La ejecución de estas Líneas (que cuentan con viabilidad y una de ellas incluida en su momento en el PNIC), quedó en stand by por priorizar otros proyectos, así como por un cuestionable conservadurismo de la capacidad presupuestal que, aunque golpeada por la pandemia, no implica necesariamente que continúe post COVID-19.
En su momento, cuando estuve en el MTC se concluyó que, por las experiencias registradas con la Línea 1 y 2 (una ya concluida y con posibilidades de ampliación, y la otra en proceso de ejecución y con proyección actual a ser culminada en el 2024), el mecanismo Gobierno a Gobierno (GtoG) era el más recomendable para las Líneas 3 y 4.
Esto conclusión tiene varios sustentos. Primero, el mecanismo de APP, empaquetando la construcción y operación en un solo concesionario, quizás no es el óptimo para proyectos tan grandes y complejos de implantar en una urbe como Lima. Recientes experiencias en países como Ecuador y Chile donde se logró ejecutar proyectos similares más rápido y a menor costo/kilómetro, nos demostraron que debemos explorar opciones más eficientes.
Si sumamos a ello lo engorroso que es actualmente madurar y llegar a la ejecución de proyectos APP, entonces no hay mucho qué discutir, salvo que la tramitología existente gire 180 grados. En esa línea el GtoG, nos permite una provisión transparente, adecuada, eficiente y oportuna de la infraestructura, que además puede alinear los intereses del Estado, usuarios, los constructores, operadores y financistas, inclusive.
Transparente porque pasa dos filtros de competencia. El primero entre países de primer orden global, que se encargarán de contratar una PMO y realizar las contrataciones requeridas bajo sus normas, además de poner su prestigio para que el proyecto se implemente bajo un alto estándar de calidad. El segundo, es la licitación internacional que convocará a los mejores constructores y operadores especializados por tipo de infraestructura.
Así ha sucedido con los procesos GtoG de los Juegos Panamericanos de Lima, del aeropuerto de Chinchero, los hospitales Segio Bernales de Lima y Antonio Lorena en Cusco (todos los cuales contaron con una alta competencia) y, en breve, lo veremos con las obras de reconstrucción del norte y con la Nueva Carretera Central.
Si la preocupación son los fuertes compromisos fiscales, una salida importante es la posibilidad de incluir en las convocatorias GtoG a países que nos brinden financiamiento de largo plazo, con condiciones blandas. Ello sería un factor de competencia adicional que permitirá apalancarnos a bajo costo y con un horizonte de largo plazo.
Aunque nuestro ratio de deuda/PBI se ha elevado por la pandemia, aún está por debajo del 40% y es inferior al de países que cuentan con un investment grade similar al nuestro. Además, lo que se añada en materia de endeudamiento será para invertir en infraestructura que, está demostrado, aporta al crecimiento del PBI y al flujo de caja del país por los beneficios que genera.
En conclusión, con los GtoG se abre la posibilidad para encaminar en simultáneo más proyectos de nivel multisectorial, con una mayor rapidez, con un sello de garantía internacional y con la posibilidad de garantizar la sostenibilidad si incluimos, no sólo la construcción, sino también la operación adecuada de la infraestructura a largo plazo.