Oportunidad. Más de un millón de personas depende directamente de los 250,000 trabajadores mineros directos. (Foto: Bloomberg)
Oportunidad. Más de un millón de personas depende directamente de los 250,000 trabajadores mineros directos. (Foto: Bloomberg)

Por Gonzalo Tamayo Flores

Socio de Macroconsult

Mi generación creció con la convicción de que somos un país dotado en recursos naturales y que podíamos y debíamos ponerlos en valor para beneficio de todos. Hoy, por el contrario, se ve oposición para el aprovechamiento de las ventajas comparativas que la naturaleza nos dio, en especial en la . Nadie puede estar en contra de que esa relación se dé de manera amigable con el medio ambiente y con las comunidades aledañas, pero debemos resolver pronto ese falso dilema, pues de lo contrario estaremos incubando un problema muy serio para el crecimiento económico futuro.

Nuestro país es extenso y con una geografía complicada. Disponemos de una diversidad de recursos naturales, renovables y no renovables cuyo desarrollo debe ser promovido. En estos últimos es donde prima la ambivalencia. Nuestro potencial geológico es muy importante y ocupamos los primeros lugares en el mundo en reservas de varios minerales. Sin embargo, a manera de caricatura, uno puede escuchar frases sin sentido como: ¡Canon sí, mina no! Otra caricatura se puede hacer de algunas de las propuestas alcanzadas por los gobernadores regionales al Ejecutivo: ¡Acciones y fiscalización sí, mina no! Esto último es por supuesto en relación al deseo de los GORE de tener derechos patrimoniales, competencias legales y cobro de multas a la minería cuando lamentablemente no se han mostrado capaces de administrar la pequeña minería o combatir la minería ilegal.

Hoy es políticamente correcto impulsar la penetración de los y la de nuestra economía, que a su vez requerirá más cobre debido a sus propiedades como conductor eléctrico. Pero paralelamente hay mayor oposición para el desarrollo de nuevos proyectos mineros que reduzca la brecha que hoy tenemos con Chile. Y esta oposición no se canaliza a través de los mecanismos institucionales de solución de conflictos que el Estado dispone, como los tribunales. Muchas veces, se dirige al bloqueo ilegal de vías y acciones violentas contra terceros y, cuando no, el chantaje.

Cada vez es más frecuente observar el uso de bloqueos de vías y la pérdida de respeto a la autoridad como formas de protesta, muchas veces en relación a operaciones con recursos naturales. Y también corremos el riesgo de comenzar a aceptar esos delitos como prácticas comunes y permitidas y convertirnos en un país de “piqueteros”.

Una distorsión adicional, comúnmente usada por los antimineros frente a los intentos del Estado de mantener la ley y el orden, es aducir que se está criminalizando la protesta, lo cual es absolutamente falso. Queda claro que el Estado persigue el delito, pero no el derecho de protestar sin, por ejemplo, afectar el derecho de los escolares de Islay a asistir a sus colegios.

Hoy tenemos una ola de pesimismo en relación al desarrollo de la minería. Vemos cómo se ha deteriorado nuestra competitividad frente a otros países mineros y la percepción de los inversionistas sobre el Perú como destino de inversión. Pero también tenemos una gran oportunidad. Más de un millón de personas depende directamente de los 250,000 trabajadores mineros directos. Más de 50,000 estudiantes universitarios, en carreras vinculadas a la minería, ven una esperanza de desarrollo profesional.

La minería ha ayudado al desarrollo de la infraestructura en muchas áreas del país, sobre todo de una manera descentralizada. Es indudable que ha generado también un aumento más rápido en el bienestar de los hogares en zonas cercanas a la actividad minera. es hoy la segunda convención minera a nivel mundial.

Corre por cuenta de todos los que creemos en la importancia de la minería para el crecimiento hacer escuchar nuestra voz de manera fuerte y clara en la próxima campaña electoral.

“Hoy tenemos una ola de pesimismo en relación al desarrollo de la minería. Vemos cómo se ha deteriorado nuestra competitividad frente a otros países mineros y la percepción de los inversionistas sobre el Perú como destino de inversión”.