Gobierno aplicó un freno de mano a las compras estatales

Hace poco entró en vigencia el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado, el cual busca contar con un régimen de contratación eficiente y orientada hacia la gestión por resultados, con el objeto de promover y facilitar las inversiones en este sector.

Si comparamos las obras licitadas el año pasado respecto a este año, nos daremos con la sorpresa de que, a la fecha, solo se ha publicado en el SEACE el equivalente al 35% de la cifra publicada, durante el mismo periodo, en el 2015; concretamente, S/ 477'762'616.00 frente a S/1'350'243'315.00.

Si pensamos en las razones de este decrecimiento, podemos concluir que no se ha establecido un plazo de adecuación idóneo para que las entidades u organismos del Estado capaciten a los funcionarios públicos encargados de elaborar los procesos de selección.

La entrada en vigencia de la nueva normativa se da, curiosamente, cuando nuestro país se encuentra en medio de una desaceleración económica considerable, la cual viene acompañada de una difícil y compleja coyuntura política que se viene dando por las próximas elecciones presidenciales y congresales (etapa en la cual, como suele suceder, se frenan las contrataciones por los diversos cambios en los altos niveles del gobierno).

Bajo estas premisas, cabe preguntarnos ¿por qué el Ejecutivo otorgó tan solo un plazo de 30 días calendarios para la entrada en vigencia de la Ley y Reglamento? ¿Por qué no se estableció un plazo razonable para que los funcionarios públicos se capaciten? ¿Por qué el apuro? ¿Qué extrañas razones y criterios motivaron la definición de estos plazos?

Al parecer no previeron esta situación. O, simplemente, el gobierno se encontró forzado a que el dispositivo legal entre en vigencia, dado que en la Ley se precisó la obligación por parte del MEF de publicar el Reglamento a inicios del 2015 y esto recién se dio en diciembre pasado.

Lo único que se ha logrado con este apresuramiento es poner freno de mano a las contrataciones del Estado, donde los más perjudicados somos los administrados. Esto no solo impacta en medianas y grandes empresas, sino también en un sector clave que dinamiza la economía del país: emprendedores, micro y pequeñas empresas.

Por David Chong TelloAbogado del área corporativa de Torres y Torres Lara Abogados