Alonso Segura: Transformación productiva y planes de gobierno

Un análisis de los planes de gobierno en cuanto a la transformación productiva del país muestra una heterogeneidad muy grande en cuanto a la importancia relativa con la que se aborda el tema, así como a los planteamientos. Algunos planes solo hacen menciones al tema a modo declarativo sin ofrecer propuestas sustentadas de solución. Otros, una minoría, si abordan la problemática, incluyendo iniciativas de políticas públicas más detalladas, aunque quedan dudas sobre su articulación.

Aquellos que desarrollan el tema en mayor profundidad, lo hacen con enfoques diversos. En algunos casos, se centran en el argumento que la limitada complejidad de nuestra estructura productiva es una consecuencia de excesivas exigencias en materia de permisos y costos de hacer negocios para la PYME, lo cual se solucionaría eliminando requisitos y trámites, es decir, desde una perspectiva de simplificación administrativa, que es -cuando menos- parcial e incompleta.

Para otros, la solución es casi la opuesta, proponiendo un Estado que cumpla un rol más activo en múltiples áreas de actividad económica y que rigidice aún más la legislación y fortalezca la fiscalización (incluyendo en lo laboral) de las actividades del sector privado. Estos planes tienden, explícita o implícitamente a enfocarse en un discurso de industrialización (o falta de) al estilo sesentero, el cual ya está desactualizado y donde hay relativo consenso internacional que esa no es una ruta viable. En algunos de estos casos adoptan el término de “diversificación productiva” pero con propuestas más alineadas al pasado, sin incluir objetivos y metodologías modernas; es decir, es meramente un cambio de cartel.

Una minoría, sin embargo, si plantea la problemática de como diversificar la economía teniendo en cuenta la complejidad y cambios frecuentes del mundo actual. En estos casos, postulan una problemática más compleja incluyendo la alta informalidad prevalente y la baja productividad de la PYME en el país, y plantean, dependiendo del caso, iniciativas en el ámbito administrativo, tributario, de mayor apoyo del Estado en resolver fallas de mercado, en fortalecimiento del capital humano y de capacitación de la mano de obra, de financiamiento, entre otros. En algunos casos, también se presta mayor atención a propuestas de digitalización y de escalamiento de las iniciativas de apoyo a la innovación desde el Estado. Casi ninguno presta atención a los problemas de calidad en la producción de la PYME y por tanto, propuestas de solución de como elevarla, o a la integración de la MYPE a cadenas de valor, locales o internacionales, más allá de puros enunciados.

En general, y yendo no solo a la transformación productiva, sino a la integralidad de los planes de gobierno, domina la temática de que (casi) todo se solucionaría vía mayor gasto público, en la mayoría de casos, en montos imposibles de financiar y que comprometerían la sostenibilidad fiscal del país. Pocos prestan atención a la restricción fiscal, y los que lo hacen, muestran una inconsistencia evidente entre el costo fiscal de sus propuestas y el objetivo declarativo (para aquellos que se preocupan de mencionarlo) de mantener la estabilidad macro. Hay una desconexión entre la disponibilidad “macro” y las propuestas “micro”, independientemente de la eficacia o pertinencia técnica de dichas propuestas. Y en cuanto a esto último, tirar más plata al problema, sin ir a las raíces de la alta heterogeneidad y estancamiento de la productividad, no es solución.

Dicho esto, no existe un recetario único, universal y de consenso absoluto para lograr la transformación productiva de los países en el siglo XXI.  Si bien hay ciertos consensos en términos de que políticas del pasado son fallidas, también existe el reconocimiento que los cambios profundos por los que ha atravesado el mundo en las últimas décadas, hacen que las rutas exitosas de países que lograron sofisticarse productivamente en el pasado, (“industrializarse”, para muchos), no son viables en el mundo actual. Y también hay un reconocimiento respecto de que las idiosincrasias de los países plantean retos cuyas soluciones pueden diferir.

Es difícil argumentar que la solución a una alta informalidad, baja y heterogénea productividad de las unidades económicas y de la mano de obra, bajo nivel de capital humano, inexistentes o insuficientes estándares de calidad en la PYME, limitadas cadenas de valor, ineficiencia del Estado y pobre comunicación y coordinación entre sector público y privado, sean problemas que se puedan resolver de manera independiente. Se necesitan propuestas articuladas que miren los distintos ángulos de la problemática. Un reciente libro de Piero Ghezzi (“El Estado Productivo”, Planeta 2021), aborda justamente esta temática y aporta ideas valiosas a la discusión y formulación de políticas públicas.

Esperemos que las futuras autoridades entiendan que hay una interdependencia entre estas problemáticas, que nos llevan como país a un equilibrio perverso; además que las propuestas de solución deben ser multidimensionales, articuladas y requieren de persistencia en el tiempo, con ajustes y revisiones, cuando la evidencia lo sugiera. Y todo ello en un marco de responsabilidad.