El sistema mixto de pensiones no funciona

Economista

Costa Rica tiene un sistema mixto de pensiones como el que se está discutiendo en el Congreso del Perú. Los afiliados contribuyen de manera obligatoria a dos fondos: un fondo colectivo, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, y un fondo individual, administrado por seis “operadoras de pensiones” (OPC). El sistema es deficiente, como lo explica un estudio reciente de Edgar Robles Cordero, un profesor de economía que fue hasta hace unos años el Superintendente de Pensiones. Son pocos los jubilados que reciben una pensión del fondo colectivo porque hay que cotizar no menos de 25 años para adquirir ese derecho; el resto subsidia con sus contribuciones a los afortunados. Las OPC no pagan buenas pensiones porque dos terceras partes de los fondos que administran se invierten en papeles del gobierno costarricense y del banco central.

Ése es el sistema de pensiones al que nos quiere llevar la comisión de reforma que preside la congresista Carmen Omonte. En el nuevo sistema, una parte de nuestros aportes iría a un fondo colectivo administrado por un organismo público de pensiones, sucedáneo de la ONP, y otra parte iría a un fondo individual, que ya no sería administrado por una AFP, sino por un gestor de inversiones designado por ese mismo organismo mediante licitación pública. Los fondos acumulados hasta ahora por los afiliados a las AFP en sus cuentas individuales pasarán al nuevo sistema; no se sabe bien si al fondo individual o si una parte irá al fondo individual y otra al fondo colectivo.

La inspiración de este nuevo sistema, sin embargo, no proviene de Costa Rica. Proviene del informe que la Superintendencia de Banca y Seguros encargó hace dos años a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La creación de un sistema mixto es la recomendación principal de la OCDE, una recomendación que no se desprende naturalmente del resto del informe. Lo que le preocupa a la OCDE es la fragmentación: la coexistencia de un sistema público y un sistema privado de pensiones. No explica bien por qué es un problema, pero igual quiere solucionarlo.

Las razones para pasar a un sistema mixto serían dos, una trivial y la otra engañosa. La trivial es que hay problemas de registro: los aportes al sistema privado a veces se registran, por error, como aportes al sistema público. Nada que no se pueda repetir en un sistema mixto, en el que habría que separar qué parte va a un fondo y qué parte va al otro. Y nada que no se pueda solucionar con una mejora en un programa informático. Los montos involucrados, por lo demás, no son más del 1% de los saldos acumulados en las cuentas individuales de capitalización.

La razón engañosa tiene que ver con la diversificación del riesgo. Los aportes a los fondos individuales están sujetos a las vicisitudes de la vida laboral: períodos de desempleo, aumentos que no llegan. Nada garantiza que uno pueda acumular un fondo suficiente para recibir una pensión con la que pueda mantener su estándar de vida. Para eso, justamente, estarían los aportes al fondo colectivo: para reducir la variabilidad de las pensiones, introduciendo un componente independiente de la historia salarial. Pero el argumento es engañoso porque tan independiente de la historia salarial no es, desde el momento en que se requiere aportar un mínimo de 20 años para recibirlo. Y lamentablemente, si no se fija un período mínimo de aportes, el sistema se desfinancia.

Pues bien, hacia eso vamos si el proyecto de la comisión Omonte se convierte en ley y el gobierno decide no observarla o no llevarla, ante una eventual insistencia del Congreso, al Tribunal Constitucional: hacia un sistema más burocrático, más politizado, pero de ninguna manera más justo con sus afiliados.

* Asesor en políticas públicas de la Asociación de AFP.